La economía española sufría a comienzos del siglo XX un notable atraso respecto a la de sus vecinos europeos, desde luego, muy lejos de las potencias económicas del momento. La industrialización española era muy débil, estaba localizada en dos regiones, el País Vasco y Cataluña, y su desarrollo se limitaba a los sectores textil y siderúrgico.
En 1907 se aprobó la Ley de fomento de la Industria Nacional a la que seguiría diez años después la Ley de Protección de la Industria Nacional, a pesar de las cuales, durante el reinado de Alfonso XIII la mayor parte de la población española estaba ocupada en la agricultura y la pesca (66%). En los años veinte el porcentaje había descendido a un 57% de población dedicada a la agricultura y el sector industrial ocupaba para entonces a un 18 % de la población.
Los niveles de pobreza eran muy amplios y los niveles de renta eran en 1930 la mitad de los ingleses. Las bajas rentas provocaban que el efecto de la inflación en las economías populares fuera dramática y explica la intensa conflictividad social. También explica la importancia que durante estas primeras décadas tuvo la emigración a Latinoamérica, la emigración levantina al norte de África y en el interior la emigración hacia los núcleos industriales y urbanos, singularmente hacia el País Vasco y Cataluña, que elevaron notablemente la población de las grandes ciudades españoles.
La extensión del movimiento sindical permitió canalizar las protestas de las clases obreras, aunque estas adoptaran en ocasiones un marcado carácter violento que acabó por someter al movimiento sindical a la presión de las fuerzas del orden. La expresión más clara de la violencia del enfrentamiento entre trabajadores y patrones fue el pistolerismo de la patronal y los sindicatos en la Barcelona de los años veinte.
A pesar de la represión a la que fue sometido el movimiento obrero, durante el periodo aumentó su influencia social, especialmente del sindicalismo anarquista reunido en torno a la CNT. La participación sindical en la Semana Trágica en 1909 o la Huelga General de 1917 ejemplifican la capacidad organizativa que alcanzó el sindicalismo obrero en esta época. A parte del sindicalismo obrerista el sindicalismo católico, alrededor de organizaciones inspiradas en la doctrina social de la Iglesia, ganó influencia, especialmente en el campo castellano. El campo andaluz se inclinó por el sindicalismo anarquista y en las ciudades, anarquistas y socialistas repartieron su influencia.
Para poner remedio a la llamada “cuestión social” el estado creó una serie de instituciones dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadores. Ejemplos de esta iniciativa fueron el Instituto de Reformas Socales (1903) o el Instituto Nacional de Previsión (1908) cuyo objeto era atender a los trabajadores en las situaciones de enfermedad o vejez. No sería sin embargo hasta 1918 cuando se aprobara una legislación que hiciera obligatorio el seguro de vejez y se reformara todo el sistema de seguros sociales (1917). En 1919, cuando ya se habían adoptado en otras naciones occidentales, se aprobó la jornada laboral de ocho horas.
A pesar de la miseria y las condiciones de vida la población creció intensamente, llegando en 1930 a 24 millones. En este aumento tuvo una importante incidencia el aumento del gasto en Sanidad que redujo las tasas de mortalidad en un punto en apenas diez años. La dictadura de Primo de Rivera retomó la política sanitaria del gobierno largo de Maura y consiguió similares efectos.
La dictadura de Primo de Rivera intentó mejorar la situación económica e industrial española para lo cual creó una serie de consejos consultivos y técnicos dedicados a estas materias, el Consejo Superior de Trabajo, el de Comercio e Industria o el Nacional de Economía.
La estrategia económica de la dictadura estaba basada en las ideas del regeneracionismo de principios de siglo y en un nacionalismo autárquico que llevó a la adopción de medidas proteccionistas, especialmente con las industrias en vías de desarrollo. También se acudió al establecimiento de monopolios, los dos más principales fueron el de las Telecomunicaciones, entregado a la ITT norteamericana y en 1927 el de Petróleos (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima) CAMPSA.
Otra estrategia fue la obra pública, en la que destacó el impulso dado a la construcción de escuelas, política que procuró poner remedio al retraso educativo que suponía en España el mantenimiento de unas tasas de alfabetización del 53 %. La inversión lograría elevar esa tasa en diez años al 70% de la población.
Se construyeron cerca de 3000 kms de carreteras y se creó el circuito Nacional de Firmes Especiales, que se encargó de administrar otros 7000 kms de carreteras asfaltadas. Otra importante iniciativa fue la creación, bajo la dirección del ingeniero aragonés Lorenzo Pardo, de las Confederaciones Hidrográficas, destinas a aprovechar íntegramente las posibilidades de riego y energéticas de las cuencas fluviales españolas. Precisamente durante la dictadura se crearon 70.000 hectáreas de riego y se mejorar otras tantas.
La actividad industrial creció durante la dictadura de manera importante, con incrementos notables en la producción de hulla, cemento, electricidad, industrias químicas y siderúrgicas. La actividad industrial animó la actividad financiera que quintuplicó sus operaciones. Las emisiones de deuda sirvieron para financiar el esfuerzo, tanto deuda privada como pública. Las emisiones de deuda pública fueron una herramienta esencial del esfuerzo inversor del estado, una vez que el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, fracasó en el intento de reforzar los impuestos sobre la renta.
Si en los primeros veinte años del siglo la situación social se había tratado de resolver mediante las instituciones de reforma social y de la previsión, durante la dictadura la obra social de Primo de rivera pretendió apoyarse en una organización corporativa de la sociedad que integrara las demandas del movimiento obrero. Su idea es que los diferentes grupos sociales no se enfrentaran entre sí sino que colaborasen en una proyecto común que era el del propio país. Esa política estaba inspirada en las medidas tomadas por Mussolini en Italia. En el pensamiento social de la dictadura tenía un peso importante la doctrina social de la Iglesia, que convertía al estado en tutor de estas organizaciones.. La organización corporativa tenía su base en el comité paritario, sobre él las comisiones mixtas provinciales y un tercer peldaño eran los consejos de corporación que eran el órgano superior de cada corporación. En todos ellos la representación de patronos y trabajadores eran iguales, siendo presididas por un representante de la administración. El resultado de estas medidas fue un éxito que se vio reflejado en el descenso espectacular de conflictos laborales y huelgas.