El “ministerio-regencia” presidida por Espartero desde 1840 estuvo salpicado de revueltas moderadas que sin embargo no obtuvieron éxito hasta 1843, cuando tras el bombardeo de Barcelona los propios progresistas se sintieron amenazados por el poder personal de Espartero. La alianza de moderados y progresistas para desplazar a Espartero llevó a la convocatoria de cortes de noviembre de 1843 que resolvería declarar a Isabel II mayor de edad y terminar con el periodo de regencias. Las elecciones de septiembre de 1944 dieron la victoria a los moderados que encabezados por Narváez y apoyados en Martínez de la Rosa, Alejandro Mon y Pedro José Pidal, constituyeron el primero de los gobiernos moderados del reinado de Isabel II.
La primera tarea que se dieron las cortes fue la de reformar la Constitución, en la que los propios moderados mantenían discrepancias, desde quienes como Jaime Balmes pretendía una vuelta a una monarquía autoritaria hasta los que como Ríos Rosas consideraban que había que mantener el respeto a los principios constitucionales de 1837. La opción elegida sería una reforma a medio camino de estas dos opciones, la cual planteaba conservar las apariencias de la legalidad constitucional pero restringir notablemente las libertades. El gobierno presentó en octubre de 1844 un proyecto de reforma que suprimía el jurado, declaraba el catolicismo religión del estado, creaba un senado vitalicio y designado por el rey y suprimía la milicia nacional. El sufragio se mantuvo censitario y se exigía una renta para poder ser elegido diputado, corrigiendo de este modo lo que planteaba la posibilidad de que esto fuera considerado en una ley electoral. Definitivamente la constitución fue promulgada el 23 de mayo de 1845.
Con Isabel II se inicia lo que se conoce en la historiografía como el “Largo tiempo moderado” y es que la caída de Espartero llevó en los últimos meses de 1843 a los moderados al poder en el que se mantendrían, dejando a un lado el bienio progresista 1854-56, en buena medida hasta la revolución de 1868. En 1844 llegaba a la presidencia del gobierno el moderado general Narváez, que en mayo del mismo año inició una serie de reformas que en primer lugar limitaban las libertades propuestas por los progresistas y en segundo y aun más importante, robustecieron el poder de la Corona y crearon una administración estatal fuertemente centralizada. Para el moderantismo no había libertad sin orden y este orden descansaba en un control estricto sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, la elección de los ayuntamientos y la Milicia Nacional, que en 1844 era sustituida por la Guardia Civil. La ley de Ayuntamientos de 1845 convertía a los alcaldes en comisionados del poder central, además de sus funciones como presidentes de la administración local, y separaba sus funciones administrativas, (impuestos, obras públicas y enseñanza… p. Ej) de las política, puestos que su elección dependía no de los vecinos sino de las autoridades gubernamentales o provinciales. La reforma constitucional constituyó el último de los elementos definitorios del credo moderado, pues a través de esta reforma se restringían las libertades reconocidas en la constitución de 1837 al tiempo que las de las propias Cortes.
La constitución de 1845 era una constitución de partido que rompía con el consenso pretendido en la constitución de 1837. En su preámbulo se negaba tanto la soberanía nacional como el poder constituyente del pueblo y se aludía a una “constitución histórica” apoyada en la Reina y las Cortes que juntas decretaban y sancionaban la constitución. El congreso perdía autonomía mientras que la corona ganaba independencia al abolirse las limitaciones a su poder, pero particularmente al dejar en manos de la voluntad de la corona la designación de los miembros del Senado, que de este modo podían frenar cualquier iniciativa contraria a sus intereses que fuera elevada desde el congreso. Por otro lado y siguiendo la inspiración de la monarquía francesa de Luis Felipe, se creaba una categoría de senadores vitalicios que pertenecían a las categorías sociales privilegiadas, nobleza, Iglesia, el ejército y altas personalidades del ejército, la política o la industria. La religión oficial del estado era la Católica y el estado asumía la obligación de mantener económicamente tanto el culto como a sus ministros. Esta medida buscaba llegar a un entendimiento con la Santa Sede que se materializaría en el Concordato de 1851 en el que el estado asumía obligaciones en defensa de la religión y reconocía la intervención de los obispos en la educación moral de los españoles a través de su intervención en los planes de enseñanza, la censura previos de los libros sobre religión y moral y la represión de doctrinas contrarias.
La administración se centralizó a través de la regulación de provincias y municipios. Los gobernadores civiles concentraban la autoridad de cada provincia y elegían los alcaldes de la misma, mientras los mismos eran nombrados por el poder central, de ese modo existía una cadena de mando perfectamente dirigida desde Madrid.
El poder omnímodo de los moderados y la camarilla de la reina condujeron a un escandaloso favoritismo y una corrupción generalizada en la política económica y financiera que llevaría a que en 1854 la conjunción de los progresistas, un amplio sector moderado y la revuelta popular organizada en juntas locales y provinciales condujera a la victoria a una fracción del ejército encabezada por el general O’Donell en Vicálvaro. El enfrentamiento con las tropas gubernamentales quedó en tablas y obligó a O’Donell a retirarse hacia Andalucía donde se le sumaron las tropas del general Serrano. En la localidad de Manzanares hicieron público un manifiesto (Manifiesto de Manzanares) donde prometían aplicar algunas medidas del programa progresista y restablecer la Milicia Nacional, la difusión del manifiesto agitó la revuelta y desbordó a los moderados. La reina Isabel decidió entregar entonces el poder al general Espartero, principal figura del progresismo.

Durante el Bienio Progresista, los gobiernos se esforzaron por poner en práctica medidas liberales que ampliaran los derechos individuales, corrigieran los mecanismos electorales en los que los moderados habían sostenido su poder y procuraron ampliar la representación social en los órganos del estado. Para ello disminuyeron la renta exigida para aparecer en el censo esta reforma permitió que salieran a la luz corrientes políticas que habían sido reprimidas hasta entonces. De ese modo se consolidaron las opciones demócratas y republicanas que entonces asimilaban corrientes modernas como el socialismo o el federalismo.
Desde el punto de vista económico los progresistas relanzaron el proyecto liberal a través de la ley de Desamortización de Madoz, de 1855 y procuraron atraer capitales extranjeros capaces de relanzar la economía del país a través de dos leyes fundamentales, la Ley de Ferrocarriles y la Ley Bancaria de 1856. El ferrocarril, símbolo del progreso, provocaría una intensa actividad constructiva y una euforia económica e la bolsa madrileña.
Por otro lado se hacía preciso reforman la Constitución de 1845 y para ello se encaró una reforma de la misma (Proyecto de Constitución de 1855) que recogía el ideario progresista, soberanía nacional, limitación al poder de la corona, Milicia Nacional, la elección democrática de os alcaldes, primacía del Congreso sobre el Senado y tolerancia religiosa.
Durante el Bienio el hostigamiento de los medios de la derecha y las reivindicaciones de obreros y campesinos de signo revolucionario aumentaron la conflictividad. En esta situación el general O’Donell dio un golpe de estado contra el general Espartero y el partido progresista y ahogó en sangre la revuelta que se produjo en Madrid.
O’Donell asumió el gobierno con el objetivo de consolidar la monarquía constitucional, respetar la libertades y restablecer el orden público, intentando conciliar las dos grandes tendencias liberales, la moderada y la progresista, para ello creo un nuevo partido la Unión Liberal que encarnaría su programa político. A pesar de que el gobierno fue generoso con los vencidos, todo su programa fue abolido, se disolvió la Milicia, se cerraron las Cortes Constituyentes sn que se promulgara la nueva constitución y se restableció la constitución de 1845. La vuelta en octubre de 1856 del general Narvaez, suspendió la aplicación de la desamortización y las medidas sobre ayuntamientos y diputaciones.
En 1858 O’Donell es llamado de nuevo al gobierno y con él comenzó un tiempo de aperturismo moderado. Las medidas de fomento de la banca y el ferrocarril de las autoridades del bienio produjeron unos años de expansión, creció el número de bancos y la construcción ferroviaria mantuvo un ritmo febril, por otro lado el textil catalán gozaba de los privilegios de su monopolio. Esta situación favoreció el eclecticismo político de la Unión Liberal, apoyada por los intereses económicos de una clase social “de orden” que gozaba de los beneficios de la buena marcha de la economía.
El partido progresista, apeado del poder por el golpe de O’Donell se reorganizó en torno a un nuevo líder, Juan Prim, que a partir de 1863 y después de perder toda esperanza de ser llamado a presidir el gobierno, se reafirmó en una ortodoxia liberal que pasaba por reclamar el reconocimiento de la soberanía nacional y una monarquía constitucional que asegurara el libre ejercicio no sólo de la libertad económica sino del talento y el mérito.
La descarada posición de Isabel II a favor del sector más conservador del partido moderado condujo a los sectores progresistas del país a considerar el levantamiento como única posibilidad de acceder al poder y al progresivo retraimiento a la participación en un sistema parlamentario que consideraba falso. En 1665 Narváez reprimió con extrema dureza en la llamada noche de San Daniel, a los estudiantes sublevados y en 1866 otro levantamiento, el del Cuartel de San Gil, se saldó con un fracaso para los progresistas. Estos hechos convencieron a Prim de la necesidad de llegar a un gran acuerdo entre las fuerzas opositoras. El pacto de Ostende (1866) suscrito entre progresistas y demócratas exiliados, forma parte de esa estrategia que culminaría, tras la muerte de O’Donell y Narváez, con el acercamiento a la Unión Liberal.
En 1866 se produjo una grave crisis financiera que va acompañada de una crisis de subsistencias y un alza generalizada de los precios. La incapacidad de Narváez para resolver la situación, preocupado en exclusiva por el mantenimiento del orden público, reforzó la trama conspirativa. La ruina de la industria, la banca y la explosiva situación social truncó las esperanzas de la burguesía española.
El 17 de septiembre de 1868 en Cádiz el brigadier topete al frente de su escuadra desembarcó en Cádiz, apoyado por los generales Serrano (unionista) y Prim (progresista). El 19 de septiembre la Junta Revolucionaria de Cádiz, publicaba un manifiesto llamando a la revuelta que finalizaba con un “¡Viva España con honra!”. La escaramuza del puente de Alcolea entre las tropas gubernamentales y las revolucionarias de Serrano, sellaron la suerte de la monarquía. Isabel II, que veraneaba en Lequeitio cruzó la frontera francesa buscando asilo. Su largo reinado había terminado.