La grave situación de deterioro político había convencido a buena parte de la opinión pública de la necesidad de un golpe de fuerza del ejército. El descrédito de la clase política permitió que el pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera en Barcelona, aunque planeado desde meses antes en Madrid, no tuviera respuesta en contra, sino más bien, cierta aquiescencia de la opinión pública, y especialmente del Rey Alfonso XIII, quien por su posición, estaba llamado a garantizar el orden constitucional. Precisamente la actitud del rey ante el golpe de Primo de Rivera ha sido utilizado por la historiografía para explicar la propia caída de la monarquía en 1931, puesto que su actitud había deslegitimado el orden político de la Restauración. El manifiesto que el dictador hizo público el 14 de septiembre era más una declaración de intenciones que un programa político, una llamada a la regeneración, muy cercana al espíritu del 98 y una exaltación del la “masculinidad” que llevaría a Miguel de Unamuno a criticar el manifiesto como pornográfico. Unamuno, Pérez de Ayala y Azaña fueron los únicos intelectuales que se opusieron al dictador de manera clara. (Azaña explicaba el éxito del pronunciamiento porque “el país estaba presidido por la impotencia y la imbecilidad”). En el marco internacional, el golpe de estado de Primo de Rivera estaba en sintonía con la oleada autoritaria que afectaba a los países del entorno, como Italia o Portugal.
La dictadura tuvo dos grandes etapas, caracterizadas por el origen de los miembros de sus gobiernos. La primera etapa (1923-1925) es conocida como el Directorio Militar. La segunda (a partir de diciembre de 1925) se denomina Directorio civil.
Durante el Directorio Militar, Primo de Rivera adoptó las medidas precisas para asegurar su régimen autoritario: se prohibieron los partidos políticos, se clausuró el Parlamento, se persiguió a los sindicatos y los movimientos obreros, se estableció una férrea censura de prensa, se disolvieron los ayuntamientos y también la Mancomunidad de Cataluña.
Para apoyar su programa, creó un partido único, la Unión Patriótica, surgida de los círculos de catolicismo político que vieron en ella una oportunidad para desarrollar su programa regeneracionista. Sin embargo el partido no pasó jamás de la indefinición política en la que nació y se convirtió en mera organizador de las muestras de adhesión al régimen. En 1927 Primo de rivera decidió que la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones fueran formadas por miembros de la UP, sin embargo su carácter de partido único, inspirado en el modelo fascista italiano, fue muy vago. Junto a la Unión Patriótica, Primo de Rivera extendió a todo el país el Somatén, una organización de origen catalán de apoyo al orden público.
Una de las primera iniciativas que hubo de tomar el régimen fue la solución del problema planteado por el desastre de Annual. El dictador hizo de la campaña un escaparate de su recién estrenada política y preparó una operación en colaboración con el gobierno francés que llevó al desembarco en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 de un poderoso ejército franco-español que logró reducir a los rifeños de Abd-el-Krim. El éxito de Alhucemas contribuyó a la estabilidad del régimen que, llegado a este punto, consideró dejar a un lado la tutela militar y pasar a un Directorio Civil que se estrenaba el 3 de diciembre de 1925.
La oposición al régimen no se resignaba a la vuelta al régimen parlamentario, y comenzó a organizarse en contra de la dictadura. El intento más importante de acabar con la dictadura se produjo en la noche de San Juan de 1926 (la Sanjuanada) en la que un grupo de conspiradores entre los que se contaban los generales Agulera y Weyler, que habían sido ministros con Alfonso XIII, el monárquico Romanones y algunos elementos republicanos, intentaron poner fin al régimen.
El fracaso de este intento convenció a Primo de Rivera de seguir con sus propósitos de institucionalizar la dictadura. El siguiente paso fue poner en marca la llamada Asamblea Nacional Consultiva, en octubre de 1927, siguiendo una estructura corporativa que inspiraría décadas más tarde las Cortes Orgánicas de Franco.
El éxito económico del régimen mantuvo la oposición al mismo en niveles muy bajos. Las protestas más intensas venían desde la intelectualidad y no es extraño por eso que fuera la universidad la que se levantara de manera más evidente contra el régimen, aprovechando la oposición a una reforma del Estatuto Universitario que permitía realizar exámenes oficiales a las universidades privadas, (la de los Agustinos de El Escorial y la de los Jesuitas de Comillas). La protesta provocó una huelga universitaria que llevó al gobierno a decretar el cierre de las universidades. La situación se enconó con las declaraciones de Primo de Rivera de desprecio hacia la universidad y los universitarios, así como por la sustitución de los rectores por comisionados del gobierno, lo que llevó a algunos importantes catedráticos como Ortega y Gasset, Sánchez Román o García Valdecasas a renunciar a sus cátedras.
En 1929 la crisis económica mundial provocó un rápido deterioro de la economía, la balanza comercial española era deficitaria y la peseta se depreció. Los conflictos sociales se recrudecieron y se convocaron de nuevo numerosas huelgas. La situación política y el deterioro de la salud del Dictador le convencieron de buscar una salida a su régimen, en medio de las amenazas de conspiración militar que se preparaban. Primo de Rivera dimitía el 30 de enero de 1930, cosa inaudita en un régimen dictatorial, provocando la ira del Rey al que Primo de Rivera no informó en ningún momento de su decisión.
El encargado de sustituir a Primo de rivera fue el general Dámaso Berenguer, quien había mantenido una moderada oposición a la dictadura y que iniciaba el periodo conocido en la historiografía como “la dictablanda”. El programa de Berenguer era volver a la constitucionalidad anterior a la dictadura, media que fue acogida favorablemente por la opinión pública. Sin embargo Berenguer se encontró con la frialdad de la antigua clase política liberal y con la incongruencia del sistema caciquil en el que aquella se había apoyado. Resultaba complicado volver el tiempo atrás, tal y como pretendió Berenguer, como si la dictadura hubiera sido un inocuo paréntesis.
La oposición al régimen entre tanto había logrado estructurarse y dotarse de cierta organización, el 2 de agosto de 1930, se firmaba el Pacto de San Sebastián, donde toda la oposición republicana planteaba la posibilidad de sustituir la monarquía contando con algunos elementos militares. Serían estos elementos militares los que impacientes encabezarían dos sublevaciones la de Jaca y la de Cuatro Vientos, que fueron sofocadas y duramente reprimidas por el gobierno. La ejecución de los cabecillas del levantamiento de Jaca Fermín Galán y Ángel García, aumentó la impopularidad de la monarquía.
Berenguer entendió que el mejor modo de legitimar la monarquía era a través de una elecciones. El proyecto de Berenguer de organizar una elecciones generales fue seguida por la amenaza de abstención de todas las fuerzas opositoras, lo que llevó al rey a prescindir de Berenguer nombrando para sustituirle al almirante Juan Bautista Aznar.
El gobierno de Aznar fue un intento de concentración monárquica que permitiera salvar el régimen. Para ello se planteó de nuevo el tema de las elecciones, que a diferencia de lo mantenido por Berenguer serían en primer lugar las municipales, que quedaron convocadas para el 12 de abril. Las elecciones fueron entendidas por la opinión pública como un plebiscito en el que lograron la victoria las candidaturas republicanas o de izquierdas en la mayor parte de las capitales de provincia y en las grandes ciudades. Los resultados electorales sorprendieron al país, especialmente a los republicanos que no esperaban un éxito tan rotundo. Aznar, interrogado a propósito de la crisis política que pudiera desatarse contestó: “¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano?”. El rey, consciente de la gravedad de los resultados decidió marcharse al exilio y evitar un enfrentamiento civil. El 14 de abril era proclamada la II República.