9.2.- Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

La huída de la Junta Suprema Central de Sevilla llevó a la elección de una regencia de cinco miembros. La Junta antes de disolverse dejó en marcha la convoatoria de “la representación legal y conocida de la monarquía en sus antiguas cortes”, en las que además se convocó a los representante de las Indias. En a reflexión que llevó a la convocatoria de Cortes estaba también el remedio de las causas que habían llevado al desastre de la invasión, una guerra que sólo se explicaba por los abusos de un gobierno absoluto como el de Carlos IV.
La guerra y la situación extraordinaria aconsejó que la elección de los diputaos se hiciera sin distinciones de estamento, contando además con que el sistema que había arbitrado la Junta Central había favorecido la presencia de numerosos privilegiados. El 24 de septiembre de 1810 se abrieron las sesiones de “las cortes extraordinarias de todos los reinos y dominios de España” en la isla de León en Cádiz.
En ellas el sacerdote y exrector de la universidad de Salamanca Diego Muñoz Torrero, defendió la legitimidad de aquellas cortes en las que residía la soberanía y que había de dividir los tres poderes así como reconocer como primer acto de su soberanía el reconocimiento del rey legítimo de España a Fernando VII. De ese modo el legislativo quedaba en manos de las propias cortes mientras el ejecutivo habría de descansar en la Regencia nombrada por la Junta Suprema Central.
Las cortes daban de ese modo no sólo una paso hacia la independencia de un ejército extranjero sino también hacia la libertad. En ese sentido el 28 de octubre las cortes decretaban la igualdad de los españoles peninsulares y ultramarinos. El debate entre los partidarios de unas mayores libertades y los de un mayor control se hicieron patentes en la discusión sobre la libertad de Imprenta, que quedaría sujeta a unas juntas de censura en lo político y en la Iglesia cuando se tratara sobre religión.
En junio de 1811 se debatió la abolición de los señoríos, la solución adoptada sería una solución de compromiso a medio camino entre las posturas más liberales y las más conservadores. Quedaron abolidos los señoríos jurisdiccionales mientras que los señoríos territoriales fueron convertidos en “propiedad particular” y las relaciones entre señores y vasallos en contratos entre particulares. De ese modo el poder de los señores sobre sus territorios permanecía, ahora transmutado en un contrato de naturaleza muy distinta. Salvaguardadas las propiedades, la Iglesia, la Nobleza y la burguesía del Antiguo Régimen entorpecerían los intentos de reforma de los partidarios de un liberalismo más acentuado. Entre 1811 y la primavera de 1812 se completó la primera constitución española.
Durante el tiempo que duró su elaboración la opinión pública se hizo expresa en los discursos de los oradores que eran seguidos por un público participativo y bullicioso. Los debates tenían continuidad en la prensa gaditana que llegó a contar con sesenta cabeceras en este tiempo, en las cuales encontraban apoyo las diferentes posturas ideológicas.
La labor de los diputados constituyentes logró finalizar una Constitución extensa que constaba de 384 artículos agrupados en diez títulos. La Constitución establecía una Monarquía parlamentaria en la que las cortes elaboraban las leyes que el rey debía sancionar, promulgar y ejecutar. Esto hacía que el rey pudiera negarse a aprobar una ley y que en este caso la ley quedara en suspenso hasta las cortes del año siguiente. El rey podía negarse a sancionar una ley en dos ocasiones (dos años) pero si al tercer año la ley volvía a ser aprobada por las cortes el rey estaba obligado a aceptarla.
Las cortes eran unicamerales, y los diputados eran elegidos por sufragio universal indirecto, a través de un sistema de juntas parroquiales, que elegían a los electores que se reunían en la capital de la provincia y elegían finalmente a los diputados a razón de uno por cada setenta mil habitantes.
El poder judicial lo formaban los tribunales sobre los que no ejercía ningún poder ni los reyes ni las cortes. Los ayuntamientos se elegían por los propios pueblos y el gobierno de las provincias eran nombrados por el rey. Los electores de partido elegían a su vez a los miembros de las diputaciones.
El sistema fiscal era proporcional y para todos los españoles, sin privilegio alguno, con lo que se terminaba con las exenciones de la nobleza y el clero. Se reconocía la libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas políticas sin censura previa, aunque se admitían restricciones legales. También se abolió la Inquisición por considerar los diputados que contradecía los principios reconocidos en la propia constitución. También la constitución estableció el primer intento de crear un sistema educativo que permitiera acceder a las primeras letras a todos los españoles. La constitución de promulgó el 19 de marzo de 1812 en conmemoración de la fecha en la que el Rey Fernando VII había subido al trono.