Aunque la constitución de 1876 proclamaba la igualdad jurídica de los ciudadanos y el libre ejercico de los derechos y libertades, la discriminación política y fiscal reflejaban perfectamente las desigualdades sociales. Si las limitaciones en el sufragio y las prácticas electivas dejaban fuera del juego político a la mayor parte de la población, el peso de los impuestos indirectos (los consumos), hacían recaer el peso de la hacienda en los más humildes. La lucha contra los “consumos” fue durante todo el periodo uno de los principales factores de movilización. El impuesto directo, las “cédulas personales” que afectaba a los mayores de catorce años sólo significaba el 1,7 % de los ingresos fiscales. El otro elemento movilizador fue el de la quintas, que determinaban que fueran también las clases populares las que soportaran el peso de las campañas militares del estado. La redención del servicio militar mediante el pago fue una importante fuente de ingresos para la hacienda estatal.
A partir de los estudios sobre el pago de las cédulas personales se han agrupado las clases y grupos sociales de la España de la Restauración, las clases más favorecidas, con rentas mayores a 3500 pts anuales constituían el 1% de la población española. Las clases medias, entre 750 y 2500 pts suponían el 17% de la población. Las clases populares, en las que se encuadraban jornaleros, sirvientes y asimilados suponían el 40 % de la población con rentas entre 750 y 2500 pts anuales. Fuera de estas categorías quedaba todavía un 41,5 % de la población mayor de catorce años, en él se encontraban los menores y los dependientes jurídicamente, e integraba a una población rural que estaba en la frontera de la miseria. La preocupación por la miseria y la pobreza está presente en la llamada “cuestión social”, que pretendía diagnosticar las causas de la misma y proponer alternativas de reforma. Para atender a esta preocupación se procurará recopilar informaciones sobre la vida de la clase trabajadora y se creará una Comisión de Reformas Sociales en 1884, que llevará a finales del siglo a concretar los primeros proyectos y leyes sobre accidentes de trabajo, trabajo femenino e infantil que se aprobarán en 1900.
Durante la Restauración se produce un fenómeno de ennoblecimiento de las clases privilegiadas por medio de la concesión de títulos de nobleza a los alta burguesía terrateniente y financiera. Por otro lado os títulos universitarios eran un signo de privilegio más que servía de llave al ascenso social y político. La enseñanza universitaria concentraba la mayor parte de la inversión estatal en educación. Una educación cuyo marco general se había establecido en la Ley Moyano de 1857. El estado mantuvo una actitud abstencionista sobre la educación, la libre iniciativa para la creación de centros planteada durante el sexenio se mantuvo durante los la Restauración y sirvió para cubrir el déficit de plazas educativas que la magra inversión estatal provocaba. La enseñanza primaria debía ser atendida por los municipios, los cuales a menudo no contaban con recursos suficientes para mantener una escuela en condiciones suficientes. La enseñanza secundaria era atendida por la diputaciones que tenían la obligación de mantener un Instituto por cada capital de provincia. El sistema estaba organizado de arriba abajo y reflejaba la estructura social, las clases populares podían aspirar si acaso a recibir una educación primaria, sin embargo en 1885 el grado de escolarización era muy bajo, sólo el 59% de los niños y el 48 % de las niñas se beneficiaban de la escolarización entre los tres y los doce años. La educación secundaria en España mantuvo cotas muy bajas de escolarización y se mantuvo estancada durante todo el periodo alrededor de los 30.000 alumnos. En la educación secundaria un porcentaje mayor de alumnos estaba matriculado en los llamados colegios incorporados, esto es, colegios privados autorizados por el ministerio de Instrucción Pública. Durante los años ochenta del siglo y tras las medidas restrictivas de las actividades docentes de las órdenes religiosas tomadas en Francia, llegaron a España numerosas congregaciones religiosas de carácter educativo, los maristas los salesianos, los marianistas o las ursulinas. El fenómeno de privatización de la educación secundaria no se produjo sin embargo en la enseñanza primaria, donde mayoritariamente las instituciones escolares eran públicas. En cualquier caso el coste de obtener el titulo de bachiller (de 370 pts alrededor de 1895) hacía estos estudios inaccesibles a la clase obrera.
La enseñanza estaba mediatizada por el concordato de 1851 y los acuerdos con la Santa Sede, que aseguraban a la iglesia un importante control ideológico sobre la publicación de los libros e incluso sobre la actividad de maestros y profesores. El decreto del ministro de Fomento Manuel Orovio supeditando la libertad de cátedra a su acuerdo con la doctrina y el dogma católico, suscitaría la llamada “segunda cuestión universitaria. Frente al decreto de Orovio reaccionaron algunos profesores universitarios, primeramente los catedráticos de farmacia y Historia natural de la Universidad de Santiago de Compostela, Laureano Calderón y Augusto José González de Linares, que protestaron ante el Rector y que fueron separados de sus puestos Estos hechos trascendieron en Madrid, y provocaron la reación de Gumersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, Emilio Castelar, Salmerón, Laureano Figueruola, que también fueron sancionados y separados del servicio. De estos profesores sancionados surgiría la Institución Libre de Enseñanza que tomaba el ejemplo de la recientemente creada Universidad Libre de Bruselas. La Institución ejerció una importante influencia en la cultura pedagógica española al atender a las novedades que en este sentido se estaban produciendo en Europa. Ejerció también un papel fundamental en el mantenimiento de un foco de liberalismo progresista, laicista y positivista. La labor de la Institución Libre de Enseñanza se hizo patente en el bienio 1881-82, en el que el ministerio fue ocupado por los liberales. Además de derogar el decreto de Orovio, se creo el Museo Pedagógico y se dio impulso a la bibliotecas populares. La influencia de los institucionistas se haría sentir también mucho más tarde, en 1907, en la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, llamada a becar en el extranjero a los mejores investigadores españoles y que está en las base de los éxitos culturales y científicos de la generación de la Edad de Plata .