Bloque 11.- El régimen de la Restauración


Bibliografía

DONEZAR DÍEZ, J. ; MARTÍNEZ LILLO, P.A.; NEILA HERNÁNDEZ, J.Luis; SANTA OLALLA SALUDES, P.M.; SOTO CARMONA, A. (2008) Historia de España. Siglos XIX-XX. Madrid. Silex
ESPADAS BURGOS, M.; URGUIJO GOITIA, J.R (1990) Historia de España: Guerra de la Independencia y Época Constitucional (1808-1898). Madrid. Gredos
GARCÍA GÓMEZ, MªC. ORDAZ ROMAY, J. (2005). Materiales para la Historia de España. Akal. Madrid
GRUPO CRONOS (2000). España: Siglo XIX (1834-1898). Madrid. Anaya
KINDER, H; HILGEMANN, W., HERGT, M. (2007) Akal. Atlas Histórico Mundial: De los orígenes a nuestros días. Akal. Madrid
MARTÍNEZ DE VELASCO, A.; SÁNCHEZ MANTERO, R.; MONTERO, F. (1991) Manual de Historia de España. Siglo XIX. Historia 16. Madrid.


11.1.1.- Reinado de Alfonso XII: El sistema canovista, la Constitución de 1876

Una vez llegado Alfonso XII a Madrid, la primera urgencia era liquidar la guerra en el norte, con ese fin el rey partió hacia el frente para ofrecerse, con una rama de olivo entre las manos, como rey constitucional de todos los españoles. Con este gesto comienza la conocida como Restauración, entendida como el restablecimiento de la dinastía borbónica y las condiciones precisas para mantenerla. El propósito era volver a la situación anterior al Sexenio, una sociedad “moderada” pero escarmentada de los excesos que habían conducido al estallido revolucionario. Para ello se estableció una alianza de intereses entre la burguesía y el régimen, fundamentada en el temor a una revuelta social y por tanto obsesivamente dirigida al mantenimiento de la paz y el orden.
Las primeras medidas tomadas por Cánovas estuvieron dirigidas a recuperar la paz con la Iglesia, turbada durante el sexenio, controlar los excesos de la prensa a través de tribunales especiales para los delitos de imprenta y organizar un ejército fiel al régimen nombrando al rey jefe supremos del mismo. La actividad legislativa del nuevo régimen estuvo dirigida a reforzar la coerción política y el centralismo político y administrativo. En 1876 se abolieron los fueros vascos con la pretensión de reformarlos. La idea de reunir a la nación en torno a Alfonso XII pasaba por conseguir una unidad de Códigos legales y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos que ponía en entredicho el régimen foral. Por otro lado se estableció una censura previa para los impresos de menos de doscientas páginas, lo que suponía el control estatal de todos los folletos y periódicos así como la censura eclesiástica sobre todos los libros concernientes a la moral y las buenas costumbres. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se reorganizaron de modo que sólo los propietarios podían ser elegidos para los cargos, el rey nombraba a los alcaldes de todas las capitales de provincia.
La segunda tarea era elaborar una Constitución, para lo cual se convocaron una elecciones a cortes Constituyentes siguiendo las normas electorales de las anteriores elecciones republicanas, sin embargo la organización de las mismas desde un férreo control desde el poder, el control de la prensa y la llamada a la abstención de Carlistas y Republicanos dieron un triunfo absoluto a la mayoría gubernamental.
Cánovas estableció unas premisas a cualquier debate constitucional, la existencia de una “Constitución interna” que constituía el cimiento sobre el que se elevaba la constitución escrita, esta constitución interna reconocía la preexistencia de unas instituciones fundamentales y consustanciales a la nación, la monarquía y las cortes. Con esta afirmación, que recuperaba en buena medida el espíritu de la constitución de 1845, se trataba de separar al rey de cualquier debate político y ponerle a resguardo de las disputas entre partidos.
El proyecto Constitucional se comenzó a discutir en marzo de 1876 y se intentó que fuera lo suficientemente flexible como para dar cabida a las dos sensibilidades que lo animaban, la de los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. Los debates fueron rápidos y el 30 de junio de 1876 pudo promulgarse la nueva constitución. Las bases de la nueva constitución fueron, esa constitución interna que establecía la preexistencia de las cortes y la corona y que se reflejó en el artículo que establecía la potestad legislativa, la cual se hizo residir en las cortes junto al rey. La soberanía era compartida entre rey y las cortes, que representaban los principios de autoridad y libertad. La religión católica era la del estado, aunque se admitía que nadie podría ser molestado por sus opiniones religiosas, aunque sólo se admitían las manifestaciones públicas de la religión del estado. Las cortes eran bicamerales, siendo el senado de designación real y el congreso por sufragio directo (este fue censitario hasta 1890 en el que Sagasta reformó la Ley Electoral). La corona encarnaba el poder ejecutivo y nombraba al presidente del gobierno y a los ministros.
Todo el sistema se fundamentó en la existencia de dos partidos oficiales, a ejemplo del modelo inglés en el que Cánovas buscó inspiración, el Liberal Conservador, que heredaba el universo político del antiguo partido moderado y reunía a la alta burguesía terrateniente, el alto funcionariado militar o civil y la nobleza del sur de la Península. Frente a él se constituyó el partido Liberal Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta, que reunía a parte del liberalismo progresista y a diferentes elementos demócratas de los que habían apoyado la constitución de 1869 y la coronación de Amadeo I.
La instauración de nuevo régimen permitió finalizar la guerra con los carlistas, sancionada en la Proclama de Somorrostro el 3 e marzo de 1876. Con este triunfo se pudieron liberar recursos económicos y militares para terminar también con la insurrección cubana lo que se consiguió en 1878 siguiendo un plan militar y de conciliación que lograra contentar a la burguesía isleña y a la norteamericana inversora que la apoyaba. Sin embargo, las posiciones maximalistas de la metrópoli puso las bases de nuevas revueltas en 1879, 1883 y 1885.


11.1.2.- La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y Nacionalismo

El elemento esencial del nuevo régimen fue la práctica electoral, un sistema de turno que aseguraba a los dos partidos oficiales, el conservador de Cánovas y el Liberal Fusionista de Sagasta, el desarrollo de sus programas de una manera ordenada y pacífica, desde el control absoluto de las elecciones establecido desde el gobierno central. Cánovas recuperó en la Ley Electoral de 1878 el sufragio censitario que redujo la participación ciudadana en las elecciones al 10%. La permanente falsificación del sufragio que suponía el régimen de la Restauración estaba sostenida sobre unos determinados planteamientos sociales y económicos: La defensa del sistema de producción capitalista, la propiedad privada y la existencia de un sistema político organizado de arriba abajo. Los partidos eran dirigidos desde Madrid, controlados por comités de notables que organizaban toda la maquinaria electoral y que estaban conectados con los poderes provinciales y locales mediante la práctica del “caciquismo”. Los caciques eran miembros de una élite local o comarcal caracterizada por su arraigo a la localidad su poder económico y social o su predominio personal, eran en definitiva, los personajes influyentes de cada lugar. La elección mediatizada por el caciquismo y el pacto de turno establecido en 1876 y reforzado en 1885 en el Pacto del Pardo, se realizaba por el método conocido como el “encasillado”. Éste consistía en la elaboración una lista de candidatos gubernamentales junto a la relación de los distritos electorales, dichos candidatos tenían prácticamente ganada la elección, si por alguna razón la elección no obedecía a las previsiones del gobierno se recurría al “pucherazo”, la coacción, violencia, el fraude directo o la compra de votos. En 1907 una nueva reforma electoral llevaría esta práctica a los propios colegios electorales de modo que fuera en el recuento de votos cuando las resultados debían ser convenientemente amañados.
El Pacto del Pardo de 1885 entre los dos grandes partidos, permitió resolver las tensiones provocadas por el excesivo peso del programa conservador-Canovista y resolver la situación compleja que planteaba la muerte prematura de Alfonso XII y la Regencia de María Cristina, encinta del que sería el heredero natural de la corona, el futuro Alfonso XIII.
En 1886 sube al poder el partido Liberal de Sagasta que permanecerá como presidente del gobierno hasta 1890, es el llamado “Parlamento Largo”, que servirá para recuperar algunas medidas política del Sexenio y desarrollar el programa liberal-progresista del partido de Sagasta. El Parlamento Largo también sirvió para establecer definitivamente la validez del turnismo como modelo político que permitía desarrollar a los dos partidos oficiales sus políticas. Las iniciativas de este gobierno de Sagasta sería desarrollar una Ley de Asociaciones, una Ley del Jurado y recobrar el sufragio universal masculino aprobado durante el sexenio. Estas medidas lograron el apoyo de algunos republicanos y sectores de la izquierda del progresismo permitiendo ampliar la base política del régimen.
Sin embargo fuera del régimen quedaron numerosas sensibilidades políticas que ejercerían el papel de oposición al estado de cosas establecido por el régimen de la Restauración. En 1881 Sagasta había permitido volver a la legalidad a los partidos republicanos, sin embargo en 1884 Cánovas restableció la situación de 1876 que establecía una distinción entre los partidos que estaban dentro o fuera del sistema en función de la aceptación de la monarquía restaurada. Los republicanos quedaban de ese modo fuera del mapa político, como fuera quedaban las organizaciones obreras disueltos tras el decreto de 1874. Esto llevó al acercamiento de los republicanos federalistas y los movimientos obreros, que compartían parte del programa político y una similar extracción social, las clases medias ilustradas de la época. También quedaron como oposición al régimen los regionalismos y nacionalismos que prosperaron en las últimas décadas del siglo, animados por la reacción a un sistema político establecido a la defensiva y en términos de orden público que se apoyaba en un uniformismo nacional. Este uniformismo no se elevaba sobre una “unidad de intereses” que permitiera integrarse a aquellos que habían quedado fuera, sino sobre una estrategia de provecho propio y autoritaria que tenía en la organización centralista del estado una de sus más acabadas construcciones. La centralización fue un instrumento político subordinado a los intereses partidistas y por tanto que trasladaba las decisiones tomadas desde Madrid a la periferia. Estos planteamientos llevaron a las burguesías regionales a reclamar su derecho a la pluridad desde planteamientos liberales y por tanto nacionales. El movimiento de recuperación de las identidades nacionales y las peculiaridades históricas frente al centralismo y uniformismo madrileños serían encabezadas por la mediana y pequeña burguesía regional, pues la gran burguesía mantenía la alianza con la capital que asegura la protección a sus prósperos negocios.
En Cataluña el inicial movimiento cultural de recuperación de la literatura y el idioma catalán acabó fraguando la “Renaixança”, un amplio programa de recuperación de la cultura catalana al que se fueron uniendo diferentes agrupaciones sociales y sensibilidades, desde quienes reclamaban la recuperación de los fueros, a quienes pretendían una mera descentralización pasando por la reclamación romántica del pasado.
A este catalanismo primigenio se sumó el federalismo republicano, fracasado tras la experiencia del sexenio, que se refugió en un regionalismo prenacionalista, primando el federalismo sobre el propio republicanismo que lo había fraguado. Valentì Almirall, abanderó este catalanismo federalista moderno, su obra, Lo Catalanisme (1886), encarna la transición hacia el nacionalismo catalanista. Almirall fundó en 1882 el Centre Catalá mientras que las posiciones más conservadores del regionalismo catalanista fundaban en 1887 la Lliga de Catalunya y presentaban a la regente un programa regionalista que aunaba una amplia autonomía junto a la fidelidad a la monarquía.
En 1891 Enric Prat de la Riba logró conciliar el Centre y la Lliga y crear una nueva organización, la Unió Catalanista que en 1892 estableció unas bases para las Constitución regional catalán, donde se integraban la concepción federal de integración del estado catalán al español y las ideas del catalanismo conservador.
El nacionalismo Vasco surgió de la defensa de los fuero y la oposición a la ley abolitoria de los mismo que en 1876 defendiera Cánovas. La oposición a la ley de fueros de Cánovas fue por un lado el pacto, formulado en conciertos económicos que favorecieron la posición de la burguesía vasca y un tradicionalismo ultramontano que pretendía la recuperación completa de los mismos. Estos tradicionalistas eran los supervivientes de las derrotas carlistas aferrados a una idea de país agrícola y artesanal opuesto a los fenómenos de industrialización y urbanización moderna que desvirtuaban las esencias vascas. Sabino Arana, desde esta posición fuerista tradicional sería quien diera cuerpo al pensamiento nacionalista vasco. Su pensamiento era por lo tanto completamente contrario al del nacionalismo catalán, establecido desde bases liberales y modernas, el vasco era un nacionalismo fundamentado en la “Ley vieja”, en los fueros y las tradiciones y un catolicismo esencialista expresado simbólicamente en la fecha elegida para la fundación del Partido Nacionalista Vasco, el 31 de julio de 1895, la conmemoración de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Con estas bases el nacionalismo vasco apenas logro un puñado de seguidores entre la burguesía tradicionalista vasca, para ampliar sus bases, debió acudir a las clases urbanas que repudiaba y que incorporadas al partido formarían dos posturas dentro del mismo, la de los de “primera hora” y la de “los de después”, que mantuvieron un equilibrio basado en la moderación y un camino gradual hacia la independencia.
En otras regiones aparecieron fenómenos similares que no lograron la fuerza de los nacionalismos vasco o catalán. El más importante fue el Gallego, planteado desde un galleguismo cultural y la reclamación de autonomía, que no pretendían estructuras federales como las reclamadas desde el catalanismo. También el andalucismo surgió en estas postrimerías del siglo XIX como una reclamación de un federalismo que había tenido una cierta presencia en la experiencia del sexenio. La burguesía andaluza, muy vinculada al poder central, obstaculizó la consolidación de este movimiento.

11.2.- La liquidación del Imperio colonial: Cuba y Filipinas. El 98 y sus repercusiones.

En 1878 la Paz de Zanjón había puesto fin a diez años de guerra gracias a la conciliación entre reformas políticas y presión militar llevada a cabo por el general Martínez Campos. Fruto de estas promesas surgió el Partido Liberal Cubano, que integró a aquellos descendientes de españoles, nacidos en Cuba que aceptaban la unión a España. Frente a este partido surgió la Unión Constitucional, que agrupó a latifundistas, negociantes y especuladores que consideraban cualquier reforma un peligro para su situación de privilegio y el mantenimiento de unas prebendas sostenidas por los gobiernos insulares mandados desde Madrid.
En 1893 Antonio Maura, presentó al Congreso un proyecto de autonomía para Cuba y Puerto Rico que fue rechazado por toda la cámara, liberales y conservadores, un rechazo que provocó el que buena parte de la población cubana cambiara su posición del autonomismo al separatismo. La posición separatista, era defendida el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en 1892 quien veía en el autonomismo un peligro para sus posiciones.
En 1890 las exportaciones de Cuba estaban dirigidas fundamentalmente a los EEUU, muy por encima de las que se hacían a España (a EEUU 61 millones de pesos mientras que a España se exportaban 7 millones). Los intereses económicos norteamericanos en la isla fomentaron el creciente separatismo apoyando al partido de Martí. Durante los primeros años de la década de los noventa la tensión fue creciendo, cuando en 1895 las Cortes aprobaron una renovada Ley de autonomía, la insurrección ya había comenzado. El 24 de febrero de 1895 impulsada por Máximo Gómez, Calixto García, Antonio Madeo y el Partido Revolucionario Cubano de Martí, comienza la rebelión tras el conocido como “Grito de Baire”.
El gobierno español envío de nuevo al general Martínez Campos y destituyo al general Calleja, sin embargo Martínez Campos se dio cuenta de que no era posible llevar a cabo la política conciliadora que el mismo había desarrollado años atrás. Aconsejó a Canovas la adopción de una política dura y para llevarla a cabo se eligió al general Weyler, quien logró reconducir la situación y lograr reducir la revuelta en la parte occidental de la isla. En 1897, un hecho cambió la situación completamente, en el mes de agosto caía asesinado Cánovas del Castillo y su desaparición llevaba al gobierno a los liberales, que destituyeron a Weyler nombraron al general Blanco y emprendieron, tras dotar a la isla de un amplio estatuto de autonomía, la tarea de la pacificación reduciendo las ofensivas militares. Esta política llegaba muy tarde, para entonces también la posición del gobierno norteamericano había cambiado desde un respeto a la soberanía española a un apoyo cada vez más evidente y directo a los independentistas. El movimiento a favor de los independentistas gozó en Estados Unidos de un amplio apoyo periodístico por parte de los dos grandes magnates de la prensa Hearst y Pulitzer, que lograron crear una opinión pública favorable a la intervención, tesis mantenida también por el propio presidente MacKinley.
El 15 de febrero de 1898 estallaba en el puerto de la Habana el acorazado Maine, que se hunde en pocos minutos con toda su tripulación. La prensa norteamericana considera el hundimiento un atentado del gobierno español y plantea una intervención inmediata. MacKinley ofreció comprar la isla al gobierno español por 300 millones de dólares, el rechazo de la oferta y los resultados de una investigación de la armada norteamericana que consideraba culpables a las autoridades españolas planteó directamente la intervención militar. El 18 de abril el senado y la cámara de representantes dirigen un ultimátum al gobierno español por el que se le exige, la independencia de cuba y autoriza al presidente de los EEUU a utilizar la fuerza militar para garantizar esa independencia. La declaración oficial de la guerra se produciría el 25 de abril. El 26 de mayo se produce el enfrentamiento entre la flota del almirante Cervera y la armada estadounidense, muy superior en potencia de fuego y más moderna. Cervera planteo al gobierno la opción de ante la evidencia de su inferioridad rendirse o salir del puerto y ser destruida. El fervor patriótico que en España había animado la prensa y las sesiones de las Cortes, aconsejó a Sagasta decidir la salida de la flota, que fue, tal como predijo Cervera, hundida. La derrota llevó a la rendición incondicional de Santiago de Cuba el 12 de julio de 1898.
Mientras esto sucedía en el Caribe, en las Filipinas se enfrentaban también la escuadra española y la americana, la derrota de Cavite, el uno de mayo de 1898, supuso la pérdida del archipiélago de las Filipinas.
El 10 de diciembre de 1898 se firmaba la Paz de Paris, que suponía la renuncia de España a Cuba, la cesión de Filipinas, Puerto Rico y Guam a los EEUU y la de las islas Carolinas y Palos a Alemania.
La guerra provocó 55.700 muertos españoles y una reacción crítica profunda sobre la situación del país. En expresión de Silvela España se había quedado “sin pulso”, y el régimen de la Restauración había sufrido no sólo una derrota militar sino sobre todo una derrota moral que llevó a una revisión completa de la vida social y política españolas. Esa revisión está encarnada en el Regeneracionismo, planteado por Joaquín Costa, empeñado en resolver “los males de la patria” e inclinado a reformar educativamente al pueblo español. La generación del 98, surgido en torno al modernismo es quizás el resultado más evidente de ese espíritu reformador surgido de la crisis.

11.3.- Sociedad y mentalidad. La educación 1875-1902

Aunque la constitución de 1876 proclamaba la igualdad jurídica de los ciudadanos y el libre ejercico de los derechos y libertades, la discriminación política y fiscal reflejaban perfectamente las desigualdades sociales. Si las limitaciones en el sufragio y las prácticas electivas dejaban fuera del juego político a la mayor parte de la población, el peso de los impuestos indirectos (los consumos), hacían recaer el peso de la hacienda en los más humildes. La lucha contra los “consumos” fue durante todo el periodo uno de los principales factores de movilización. El impuesto directo, las “cédulas personales” que afectaba a los mayores de catorce años sólo significaba el 1,7 % de los ingresos fiscales. El otro elemento movilizador fue el de la quintas, que determinaban que fueran también las clases populares las que soportaran el peso de las campañas militares del estado. La redención del servicio militar mediante el pago fue una importante fuente de ingresos para la hacienda estatal.
A partir de los estudios sobre el pago de las cédulas personales se han agrupado las clases y grupos sociales de la España de la Restauración, las clases más favorecidas, con rentas mayores a 3500 pts anuales constituían el 1% de la población española. Las clases medias, entre 750 y 2500 pts suponían el 17% de la población. Las clases populares, en las que se encuadraban jornaleros, sirvientes y asimilados suponían el 40 % de la población con rentas entre 750 y 2500 pts anuales. Fuera de estas categorías quedaba todavía un 41,5 % de la población mayor de catorce años, en él se encontraban los menores y los dependientes jurídicamente, e integraba a una población rural que estaba en la frontera de la miseria. La preocupación por la miseria y la pobreza está presente en la llamada “cuestión social”, que pretendía diagnosticar las causas de la misma y proponer alternativas de reforma. Para atender a esta preocupación se procurará recopilar informaciones sobre la vida de la clase trabajadora y se creará una Comisión de Reformas Sociales en 1884, que llevará a finales del siglo a concretar los primeros proyectos y leyes sobre accidentes de trabajo, trabajo femenino e infantil que se aprobarán en 1900.
Durante la Restauración se produce un fenómeno de ennoblecimiento de las clases privilegiadas por medio de la concesión de títulos de nobleza a los alta burguesía terrateniente y financiera. Por otro lado os títulos universitarios eran un signo de privilegio más que servía de llave al ascenso social y político. La enseñanza universitaria concentraba la mayor parte de la inversión estatal en educación. Una educación cuyo marco general se había establecido en la Ley Moyano de 1857. El estado mantuvo una actitud abstencionista sobre la educación, la libre iniciativa para la creación de centros planteada durante el sexenio se mantuvo durante los la Restauración y sirvió para cubrir el déficit de plazas educativas que la magra inversión estatal provocaba. La enseñanza primaria debía ser atendida por los municipios, los cuales a menudo no contaban con recursos suficientes para mantener una escuela en condiciones suficientes. La enseñanza secundaria era atendida por la diputaciones que tenían la obligación de mantener un Instituto por cada capital de provincia. El sistema estaba organizado de arriba abajo y reflejaba la estructura social, las clases populares podían aspirar si acaso a recibir una educación primaria, sin embargo en 1885 el grado de escolarización era muy bajo, sólo el 59% de los niños y el 48 % de las niñas se beneficiaban de la escolarización entre los tres y los doce años. La educación secundaria en España mantuvo cotas muy bajas de escolarización y se mantuvo estancada durante todo el periodo alrededor de los 30.000 alumnos. En la educación secundaria un porcentaje mayor de alumnos estaba matriculado en los llamados colegios incorporados, esto es, colegios privados autorizados por el ministerio de Instrucción Pública. Durante los años ochenta del siglo y tras las medidas restrictivas de las actividades docentes de las órdenes religiosas tomadas en Francia, llegaron a España numerosas congregaciones religiosas de carácter educativo, los maristas los salesianos, los marianistas o las ursulinas. El fenómeno de privatización de la educación secundaria no se produjo sin embargo en la enseñanza primaria, donde mayoritariamente las instituciones escolares eran públicas. En cualquier caso el coste de obtener el titulo de bachiller (de 370 pts alrededor de 1895) hacía estos estudios inaccesibles a la clase obrera.
La enseñanza estaba mediatizada por el concordato de 1851 y los acuerdos con la Santa Sede, que aseguraban a la iglesia un importante control ideológico sobre la publicación de los libros e incluso sobre la actividad de maestros y profesores. El decreto del ministro de Fomento Manuel Orovio supeditando la libertad de cátedra a su acuerdo con la doctrina y el dogma católico, suscitaría la llamada “segunda cuestión universitaria. Frente al decreto de Orovio reaccionaron algunos profesores universitarios, primeramente los catedráticos de farmacia y Historia natural de la Universidad de Santiago de Compostela, Laureano Calderón y Augusto José González de Linares, que protestaron ante el Rector y que fueron separados de sus puestos Estos hechos trascendieron en Madrid, y provocaron la reación de Gumersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, Emilio Castelar, Salmerón, Laureano Figueruola, que también fueron sancionados y separados del servicio. De estos profesores sancionados surgiría la Institución Libre de Enseñanza que tomaba el ejemplo de la recientemente creada Universidad Libre de Bruselas. La Institución ejerció una importante influencia en la cultura pedagógica española al atender a las novedades que en este sentido se estaban produciendo en Europa. Ejerció también un papel fundamental en el mantenimiento de un foco de liberalismo progresista, laicista y positivista. La labor de la Institución Libre de Enseñanza se hizo patente en el bienio 1881-82, en el que el ministerio fue ocupado por los liberales. Además de derogar el decreto de Orovio, se creo el Museo Pedagógico y se dio impulso a la bibliotecas populares. La influencia de los institucionistas se haría sentir también mucho más tarde, en 1907, en la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, llamada a becar en el extranjero a los mejores investigadores españoles y que está en las base de los éxitos culturales y científicos de la generación de la Edad de Plata .