Bloque 10 - La Construcción del Estado Liberal


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10.1.- La oposición al sistema liberal: Las guerras carlistas. La cuestión foral.
En 1829 moría la tercera esposa de Fernando y en 1830 casaba con la que habría de darle finalmente una heredera, Isabel, nacida en octubre de 1830 y su hermana Luisa Fernanda, en enero de 1832.
En 1832 una grave enfermedad del rey llevó a un grupo de políticos apostólicos a atemorizar a la reina con la idea de que si se intentaba arrebatar la corona a Carlos, la vida de la reina y sus hijas correría peligro. El rey llegó a firmar la anulación de la Pragmática Sanción, que permitía reinar a las infantas, pero la celebración anticipada de los ultras de su victoria política, llevó a que una amplia mayoría de moderados acudieran a la Granja a expresar su adhesión a la reina. Cuando el rey mejoró se tomaron medidas para depurar las altas jerarquías del ejército y la administración de los apostólicos. El rey convocó a las cortes tradicionales para que juraran a Isabel como heredera de la corona el 20 de junio de 1833, tres meses después moría Fernando VII dejando de regente y gobernadora a la reina María Cristina asesorada por un Consejo de Gobierno . El ministro Cea Bermúdez, marginó al Consejo y mantuvo una política inmovilista que se demostraría desacertada una vez que estalló la insurrección Carlista.
El inmovilismo de Cea aconsejó a la Regente, para atraerse a los liberales que eran los únicos defensores de un régimen amenazado por las partidas carlistas, el nombramiento en enero de 1834 del moderado Martínez de la Rosa, a quien se le encomendó la tarea de diseñar un cuerpo legal que diera apariencia de representatividad sin variar en nada las formas de gobierno. El Estatuto Real que diseñó Martínez de la Rosa no era una Constitución sino más bien una Carta Otorgada. Las cortes recogidas en el texto eran una reformulación de las cortes tradicionales, con una cámara de “próceres” en la que tenían cabida los privilegiados, grandezas de España y la Iglesia así como un número de miembros de designación real; y una cámara baja o de Procuradores, elegidos indirectamente y de forma muy restringida, pues había que acreditar una renta anual de 12.000 reales, algo que sólo permitía votar a unos 16.000 ciudadanos en una población que entonces se elevaba a los 12 millones de personas. El rey podía disolver los estamentos cuando quisiera , aunque había de ser convocada entonces antes de un año. Las facultades de estas cortes se limitaban a votar los impuestos y a ejercer una función meramente consultiva. La iniciativa legislativa precisaba del concurso de ambas cámaras y sólo tenía validez con la sanción real, que el rey podría negar siempre que quisiera.
El Estatuto Real era muy tímido para los liberales y revolucionario para los carlistas quienes tras un primer año de combates erráticos lograron formar un ejército. El Pretendiente recibió ayuda internacional de las potencias absolutistas, Rusia, Prusia o Austria, mientras los liberales contaron con el apoyo de los ingleses, los franceses y los portugueses. Ante el levantamiento de las partidas carlistas la reina Gobernadora tuvo que pactar con los sectores moderados del liberalismo, lo que a la postre supuso la victoria definitiva de las tesis liberales.
El carlismo fue un movimiento tradicionalista y antiliberal entroncado con el absolutismo ultra de las corrientes apostólicas que tanta influencia tuvieron durante el reinado de Fernando VII, y evidentemente relacionado con las tesis de la restauración encarnadas en la Santa Alianza. Los carlistas lograron el apoyo de los campesinos de las zonas rurales del País Vasco, Navarra, el norte de Cataluña, el Bajo Aragón y Valencia, además de algunas zonas de Castilla. Para los carlistas el estado liberal era una amenaza para la constitución tradicional del reino. Veían con recelo las reformas tributarias, la igualdad jurídica la desvinculación del poder político de la Iglesia así como la supresión de los fueron tradicionales. Por ello los carlistas se agruparon bajo el lema “Dios, Patria y Fueros”, convirtiéndose en los defensores de una legitimidad absolutista de raíz religiosa, foralista y arcaica.
Tras la llegada en julio de 1834 del pretendiente Carlos y la dirección del coronel Tomás Zumalacárregui quien lograría estabilizar la guerra en el País Vasco. El ejército carlista dirigido por Zumalacárregui, consiguió conquistar Éibar, Tolosa, Vergara, y Durango además de amenazar Vitoria y organizar planes que pretendían adentrarse en Castilla camino de Madrid. Sin embargo el Pretendiente y su camarilla le forzaron a intentar tomar la ciudad de Bilbao, una villa fuertemente amurallada, donde el ejército carlista, que carecía de una artillería adecuada, fracasaría rotundamente perdiendo en este sitio al propio Zumalacárregui en junio de 1835. Los carlistas no lograron tomar ninguna de las grandes ciudades vascas y su causa se debilitó militarmente tras la muerte de Zumalacárregui. En 1836 el general Espartero venció a las tropas carlistas en Luchana poniendo fin al sitio de Bilbao y tras el levantamiento de éste la guerra entró en una fase menos combativa
Durante la crisis que se abrió tras el motín de La Granja, el ejército carlista hizo una última demostración de fuerza que le llevaría hasta Madrid. La regente, atemorizada por la revolución animada por los progresistas, pidió a los carlistas que la libraran de los revolucionarios con el compromiso de ceder a Carlos la corona. Desde Navarra y sumando las fuerzas de Aragón y Cataluña el Pretendiente se encaminó hacia la corte; en su camino tomó Segovia y Valladolid llegando a Madrid en septiembre de 1937. Sin embargo el ataque a la ciudad no se hizo de manera inmediata, como aconsejó Cabrera. La situación de la corte había cambiado para entonces y una sublevación en Pozuelo de Aravaca de la guardia real, había logrado que el gobierno progresista presentara su dimisión a la regente. Para entonces el ejército de Espartero había llegado hasta la capital y logró derrotar al ejército carlista en Aranzueque, la regente olvidó su acuerdo con el Pretendiente y Carlos tuvo que volver a Navarra. . Entre 1837 y 1839 el carlismo se dividió a causa del fracaso de la guerra.
Por un lado los “Transaccionistas” intentaron llegar a un acuerdo con los liberales, mientras los “Intransigentes”, más cercanos al pretendiente, planteaban continuar la guerra. En 1839 el general Maroto, acordó en nombre de parte del ejército carlista el Convenio de Vergara (1839) (sellado con el famoso abrazo con el general Espartero). El acuerdo suponía negociar el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra y la integración de los oficiales carlistas en el ejército real.
En Cataluña el levantamiento carlista no logró mantener más que partidas de guerrilleros que hostigaban desde el Pirineo, el Maestrazgo y el Bajo Aragón, a los liberales. Fueron precisamente las fuerzas carlistas del Maestrazgo, bajo la dirección de Cabrera quienes resistirían incluso después de la Paz de Vergara hasta que fueron derrotadas completamente en 1840.
Las fuerzas carlistas fueron muy inferiores siempre a las de los liberales, quienes además de contar con un ejército mucho más numeroso (200.000 hombres frente a unos 80.000 muy repartidos), contaban con la ayuda de la Milicia Nacional que reunía a otros 50.000 soldados. El carlismo volvería a surgir como factor desestabilizador entre los años 1849 y 1860 (Segunda Guerra Carlista) y entre los años 1872 y 1876 (Tercera Guerra Carlista), aunque en ninguno caso alcanzó la violencia y la turbación que provocó la primera.
10.2.1 .- Isabel II. La organización del régimen liberal. (1833-1843) Las Regencias.
La marcha de la Guerra Carlista, a la que no se acababa de poner fin, y las presiones producidas por el ambiente de conspiración liberal y la epidemia de cólera de Madrid llevó a que en junio de 1835 Martínez de la Rosa terminara presentando su dimisión. Le sustituyo el conde de Toreno que nombró como ministro de Hacienda a Juan Álvarez Mendizabal con la intención de resolver los graves problemas de la Hacienda española que se ahogaba en un déficit enorme alimentado por las epidemias, el hambre, la crisis económica y la guerra. La situación provocó revueltas populares y acabó por hacer dimitir al conde de Toreno al que sucedió Mendizábal recién llegado de Londres. Mendizabal prometió la reforma del estatuto y procuró sobre todo, resolver las necesidades que la guerra exigía., hombres y dinero. Hizo un llamamiento a “quintas” que podía eximirse con dinero, que por un lado logró elevar el ejército a unos 227000 hombres y obtuvo el dinero que el ejército precisaba. Para ello, además de las redenciones del llamamiento a filas, contó con unas hábiles negociaciones en la Bolsa y a la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas. Mendizabal prometió reformar la ley electoral y elevar el número de electores, sin embargo hubo de presentarse a las elecciones según las reglas establecidas en el Estatuto Real, a pesar de lo cual obtuvo una rotunda victoria. Sin embargo, el 15 de mayo de 1836 la regente destituyó a Mendizabal y lo sustituyó por Istúriz y la presión en las cortes de los liberales provocó una nueva convocatoria de elecciones. Sin embargo e las nuevas elecciones no contribuyeron a pacificar un panorama político que estalló en multitud de levantamientos a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. El 12 de agosto se producía el más señalado de los motines, el conocido como “motín de los sargentos de La Granja” o “motín de la Granja”, que forzó a cristina a dictar un decreto por el que se restablecía la constitución de Cádiz.
El motín de La Granja y las revueltas del verano del 1836 fueron también marcaron también la definitiva división del liberalismo entre moderados y progesistas. Los moderados integraban a los “estatutistas”, los partidarios del Estatuto Real al que se sumaron los liberales más reaccionarios conocidos como “cangrejos”. Estaban ideológicamente influidos por el liberalismo doctrinario francés, rechazaban el concepto de soberanía nacional y su propósito fue siempre reducir el sufragio lo más posible para evitar la participación de los sectores populares y más radicales de la población. Limitaron la participación de los vecinos en la elección de los ayuntamientos, rechazaban la milicia nacional y defendían la censura de la prensa.
Los progresistas defendían la soberanía nacional. Fueron en un principio, igual que los moderados, defensores del sufragio censitario y se oponían en este sentido a las tesis defendidas por demócratas y republicanos. Su posición en los ayuntamientos les enfrentó duramente a los moderados pues pretendían la elección directa de los alcaldes entre los concejales elegidos por los vecinos. El partido progresista fue más complejo que el moderado, ya que en él se dieron cita diferentes sensibilidades, desde el republicanismo, al socialismo utópico o el obrerismo, además de un liberalismo más ambicioso que el moderado.
Fueron precisamente los progresistas quienes alcanzaron el poder tras el verano de 1836 con Calatrava quien contó de nuevo con Mendizabal para el Ministerio de Hacienda. En octubre de 1836 se abrieron las sesiones de las cortes que tendrían como cometido fundamental redactar un nuevo texto constitucional para reformar el de 1812 y acomodarlo a “nuestro estado actual y al de la Europa”. Los moderados que habían participado en la conspiración de mayo habían huido del país y por ello las cortes eran mayoritariamente progresistas.
El texto de 1837 era un texto mucho más breve que la constitución del 12. Constaba de 77 artículos y pretendía regular a través de leyes orgánicas lo que en la constitución gaditana había sido recogido en el propio texto. La intención era establecer un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados. El sufragio era censitario y estaba limitado a la posesión de una mínima fortuna. Se hacía expresa mención a la soberanía nacional y los diputados eran elegidos de manera directa mientras el senado era elegido por el rey entre tres listas presentadas por cada una de las provincias.
Las cortes tomaron también algunas decisiones importantes como restablecer la ley de señoríos, revalidar la supresión de los gremios o publicar una ley nueva de imprenta. A constitución ponía para los moderados el punto final a la revolución política, los progresistas en cambio, confiados en poder a llevar a cabo reformas más profundas a través de las Leyes Orgánicas, se encontraron que cuando habrían de haberlas emprendido, el propio régimen electoral les había desplazado del poder.
En noviembre de 1937 se disolvieron las cortes constituyentes y una nueva ley electoral favorable a las altas clases sociales logró que una mayoría moderada se hiciera con el poder en las cortes. En 1840 los moderados dieron su paso más ambicioso reformando la Ley de Ayuntamientos, que reducía el número de electores y elegibles, planteaba que los alcaldes fueran elegidos por el ministro de la Gobernación en la capitales y por el jefe político en las del resto de los municipios. De ese modo se quebraba el poder local que era en buena medida el refugio de los progresistas.
La regente, que estaba con su camarilla detrás de esta revuelta conservadora, trató de llegar a un pacto con Espartero, pero este exigió la anulación de la ley de Ayuntamientos, la disolución de las cortes y la destitución del gobierno. La aprobación de la Ley en julio de 1840 provocó una serie de revueltas y la formación de juntas revolucionarias que hicieron dimitir al gobierno. Este proceso se conoce con la revolución de 1840. La revolución llevó a que la María Cristina renunciara a la regencia, condujeron a Espartero al poder y consiguieron que en las elecciones de 1841 el partido progresista lograra la victoria. Las cortes tuvieron como primera ocupación la de elegir una nueva regencia, que recayó en Espartero quien la asumió en mayo de 1841.
Espartero, sin embargo traicionó las esperanzas puestas en él por el Progresismo. Su negativa a derribar la ciudadela y la muralla que rodeaba la ciudad de Barcelona y la rebaja de los aranceles que protegían de la competencia inglesa a los textiles catalanes, enconaron su enfrentamiento con los barceloneses. La sociedad de Barcelona estaba mucho más politizada y tenía canales de participación más activos que el resto de España, en buena medida a consecuencia de la industrialización de la ciudad. La actitud de Espartero llevó a un levantamiento popular que el regente aplastó de forma violentísima, bombardeando la ciudad desde la ciudadela de Montjuïc el 3 de diciembre de 1842. La represión fue brutal, disolvió la Asociación de Tejedores y cerró todos los periódicos menos el conservador Diario de Barcelona. De vuelta a Madrid disolvió las cortes en enero de 1843.
Las nuevas cortes tendrían una existencia accidentada dominada por el rechazo a la política de Espartero y la censura del regente. El enconamiento del enfrentamiento llevó a suspender las cortes lo que llevó a que los diputados al volver a sus provincias procuran en ellas organizar un levantamiento. Las revueltas empezaron a sucederse con la colaboración de los generales moderados. El movimiento fue encabezado por Narváez que derrotó a Espartero en Torrejón de Ardoz, derrota que llevó al exilio a Espartero en el verano de 1843. En julio en medio de un Madrid atravesado de barricadas y unido en contra de Espartero, se decidió la convocatoria de elecciones y la renovación del senado. Las nuevas cotes se reunieron el 15 de octubre y procuraron, junto al gobierno provisional desactivar el movimiento revolucionario. Ela decisión más importante de este gobierno fue la de declarar a Isabel II mayor de edad el 8 de noviembre de 1843 con sólo 13 años. De ese modo se evitaba la designación de un nuevo regente y el regreso de María Cristina, exiliada en Francia. El 10 de noviembre de 1843, Isabel II juraba la constitución y cesaba el gobierno provisional para que la reina ejerciera la prerrogativa de designar uno nuevo.
10.2.2.- Isabel II: La organización del régimen liberal. El reinado efectivo (1843-1868)
El “ministerio-regencia” presidida por Espartero desde 1840 estuvo salpicado de revueltas moderadas que sin embargo no obtuvieron éxito hasta 1843, cuando tras el bombardeo de Barcelona los propios progresistas se sintieron amenazados por el poder personal de Espartero. La alianza de moderados y progresistas para desplazar a Espartero llevó a la convocatoria de cortes de noviembre de 1843 que resolvería declarar a Isabel II mayor de edad y terminar con el periodo de regencias. Las elecciones de septiembre de 1944 dieron la victoria a los moderados que encabezados por Narváez y apoyados en Martínez de la Rosa, Alejandro Mon y Pedro José Pidal, constituyeron el primero de los gobiernos moderados del reinado de Isabel II.
La primera tarea que se dieron las cortes fue la de reformar la Constitución, en la que los propios moderados mantenían discrepancias, desde quienes como Jaime Balmes pretendía una vuelta a una monarquía autoritaria hasta los que como Ríos Rosas consideraban que había que mantener el respeto a los principios constitucionales de 1837. La opción elegida sería una reforma a medio camino de estas dos opciones, la cual planteaba conservar las apariencias de la legalidad constitucional pero restringir notablemente las libertades. El gobierno presentó en octubre de 1844 un proyecto de reforma que suprimía el jurado, declaraba el catolicismo religión del estado, creaba un senado vitalicio y designado por el rey y suprimía la milicia nacional. El sufragio se mantuvo censitario y se exigía una renta para poder ser elegido diputado, corrigiendo de este modo lo que planteaba la posibilidad de que esto fuera considerado en una ley electoral. Definitivamente la constitución fue promulgada el 23 de mayo de 1845.
Con Isabel II se inicia lo que se conoce en la historiografía como el “Largo tiempo moderado” y es que la caída de Espartero llevó en los últimos meses de 1843 a los moderados al poder en el que se mantendrían, dejando a un lado el bienio progresista 1854-56, en buena medida hasta la revolución de 1868. En 1844 llegaba a la presidencia del gobierno el moderado general Narváez, que en mayo del mismo año inició una serie de reformas que en primer lugar limitaban las libertades propuestas por los progresistas y en segundo y aun más importante, robustecieron el poder de la Corona y crearon una administración estatal fuertemente centralizada. Para el moderantismo no había libertad sin orden y este orden descansaba en un control estricto sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, la elección de los ayuntamientos y la Milicia Nacional, que en 1844 era sustituida por la Guardia Civil. La ley de Ayuntamientos de 1845 convertía a los alcaldes en comisionados del poder central, además de sus funciones como presidentes de la administración local, y separaba sus funciones administrativas, (impuestos, obras públicas y enseñanza… p. Ej) de las política, puestos que su elección dependía no de los vecinos sino de las autoridades gubernamentales o provinciales. La reforma constitucional constituyó el último de los elementos definitorios del credo moderado, pues a través de esta reforma se restringían las libertades reconocidas en la constitución de 1837 al tiempo que las de las propias Cortes.
La constitución de 1845 era una constitución de partido que rompía con el consenso pretendido en la constitución de 1837. En su preámbulo se negaba tanto la soberanía nacional como el poder constituyente del pueblo y se aludía a una “constitución histórica” apoyada en la Reina y las Cortes que juntas decretaban y sancionaban la constitución. El congreso perdía autonomía mientras que la corona ganaba independencia al abolirse las limitaciones a su poder, pero particularmente al dejar en manos de la voluntad de la corona la designación de los miembros del Senado, que de este modo podían frenar cualquier iniciativa contraria a sus intereses que fuera elevada desde el congreso. Por otro lado y siguiendo la inspiración de la monarquía francesa de Luis Felipe, se creaba una categoría de senadores vitalicios que pertenecían a las categorías sociales privilegiadas, nobleza, Iglesia, el ejército y altas personalidades del ejército, la política o la industria. La religión oficial del estado era la Católica y el estado asumía la obligación de mantener económicamente tanto el culto como a sus ministros. Esta medida buscaba llegar a un entendimiento con la Santa Sede que se materializaría en el Concordato de 1851 en el que el estado asumía obligaciones en defensa de la religión y reconocía la intervención de los obispos en la educación moral de los españoles a través de su intervención en los planes de enseñanza, la censura previos de los libros sobre religión y moral y la represión de doctrinas contrarias.
La administración se centralizó a través de la regulación de provincias y municipios. Los gobernadores civiles concentraban la autoridad de cada provincia y elegían los alcaldes de la misma, mientras los mismos eran nombrados por el poder central, de ese modo existía una cadena de mando perfectamente dirigida desde Madrid.
El poder omnímodo de los moderados y la camarilla de la reina condujeron a un escandaloso favoritismo y una corrupción generalizada en la política económica y financiera que llevaría a que en 1854 la conjunción de los progresistas, un amplio sector moderado y la revuelta popular organizada en juntas locales y provinciales condujera a la victoria a una fracción del ejército encabezada por el general O’Donell en Vicálvaro. El enfrentamiento con las tropas gubernamentales quedó en tablas y obligó a O’Donell a retirarse hacia Andalucía donde se le sumaron las tropas del general Serrano. En la localidad de Manzanares hicieron público un manifiesto (Manifiesto de Manzanares) donde prometían aplicar algunas medidas del programa progresista y restablecer la Milicia Nacional, la difusión del manifiesto agitó la revuelta y desbordó a los moderados. La reina Isabel decidió entregar entonces el poder al general Espartero, principal figura del progresismo.
Durante el Bienio Progresista, los gobiernos se esforzaron por poner en práctica medidas liberales que ampliaran los derechos individuales, corrigieran los mecanismos electorales en los que los moderados habían sostenido su poder y procuraron ampliar la representación social en los órganos del estado. Para ello disminuyeron la renta exigida para aparecer en el censo esta reforma permitió que salieran a la luz corrientes políticas que habían sido reprimidas hasta entonces. De ese modo se consolidaron las opciones demócratas y republicanas que entonces asimilaban corrientes modernas como el socialismo o el federalismo.
Desde el punto de vista económico los progresistas relanzaron el proyecto liberal a través de la ley de Desamortización de Madoz, de 1855 y procuraron atraer capitales extranjeros capaces de relanzar la economía del país a través de dos leyes fundamentales, la Ley de Ferrocarriles y la Ley Bancaria de 1856. El ferrocarril, símbolo del progreso, provocaría una intensa actividad constructiva y una euforia económica e la bolsa madrileña.
Por otro lado se hacía preciso reforman la Constitución de 1845 y para ello se encaró una reforma de la misma (Proyecto de Constitución de 1855) que recogía el ideario progresista, soberanía nacional, limitación al poder de la corona, Milicia Nacional, la elección democrática de os alcaldes, primacía del Congreso sobre el Senado y tolerancia religiosa.
Durante el Bienio el hostigamiento de los medios de la derecha y las reivindicaciones de obreros y campesinos de signo revolucionario aumentaron la conflictividad. En esta situación el general O’Donell dio un golpe de estado contra el general Espartero y el partido progresista y ahogó en sangre la revuelta que se produjo en Madrid.
O’Donell asumió el gobierno con el objetivo de consolidar la monarquía constitucional, respetar la libertades y restablecer el orden público, intentando conciliar las dos grandes tendencias liberales, la moderada y la progresista, para ello creo un nuevo partido la Unión Liberal que encarnaría su programa político. A pesar de que el gobierno fue generoso con los vencidos, todo su programa fue abolido, se disolvió la Milicia, se cerraron las Cortes Constituyentes sn que se promulgara la nueva constitución y se restableció la constitución de 1845. La vuelta en octubre de 1856 del general Narvaez, suspendió la aplicación de la desamortización y las medidas sobre ayuntamientos y diputaciones.
En 1858 O’Donell es llamado de nuevo al gobierno y con él comenzó un tiempo de aperturismo moderado. Las medidas de fomento de la banca y el ferrocarril de las autoridades del bienio produjeron unos años de expansión, creció el número de bancos y la construcción ferroviaria mantuvo un ritmo febril, por otro lado el textil catalán gozaba de los privilegios de su monopolio. Esta situación favoreció el eclecticismo político de la Unión Liberal, apoyada por los intereses económicos de una clase social “de orden” que gozaba de los beneficios de la buena marcha de la economía.
El partido progresista, apeado del poder por el golpe de O’Donell se reorganizó en torno a un nuevo líder, Juan Prim, que a partir de 1863 y después de perder toda esperanza de ser llamado a presidir el gobierno, se reafirmó en una ortodoxia liberal que pasaba por reclamar el reconocimiento de la soberanía nacional y una monarquía constitucional que asegurara el libre ejercicio no sólo de la libertad económica sino del talento y el mérito.
La descarada posición de Isabel II a favor del sector más conservador del partido moderado condujo a los sectores progresistas del país a considerar el levantamiento como única posibilidad de acceder al poder y al progresivo retraimiento a la participación en un sistema parlamentario que consideraba falso. En 1665 Narváez reprimió con extrema dureza en la llamada noche de San Daniel, a los estudiantes sublevados y en 1866 otro levantamiento, el del Cuartel de San Gil, se saldó con un fracaso para los progresistas. Estos hechos convencieron a Prim de la necesidad de llegar a un gran acuerdo entre las fuerzas opositoras. El pacto de Ostende (1866) suscrito entre progresistas y demócratas exiliados, forma parte de esa estrategia que culminaría, tras la muerte de O’Donell y Narváez, con el acercamiento a la Unión Liberal.
En 1866 se produjo una grave crisis financiera que va acompañada de una crisis de subsistencias y un alza generalizada de los precios. La incapacidad de Narváez para resolver la situación, preocupado en exclusiva por el mantenimiento del orden público, reforzó la trama conspirativa. La ruina de la industria, la banca y la explosiva situación social truncó las esperanzas de la burguesía española.
El 17 de septiembre de 1868 en Cádiz el brigadier topete al frente de su escuadra desembarcó en Cádiz, apoyado por los generales Serrano (unionista) y Prim (progresista). El 19 de septiembre la Junta Revolucionaria de Cádiz, publicaba un manifiesto llamando a la revuelta que finalizaba con un “¡Viva España con honra!”. La escaramuza del puente de Alcolea entre las tropas gubernamentales y las revolucionarias de Serrano, sellaron la suerte de la monarquía. Isabel II, que veraneaba en Lequeitio cruzó la frontera francesa buscando asilo. Su largo reinado había terminado.

10.3.- Sexenio democrático (1868-1874): El reinado de Amadeo I y la Primera República
El pronunciamiento de Topete, el Manifiesto de la Junta de Cádiz y la jornada de Alcolea animaron la formación de Juntas revolucionarias por todas las provincias. Cada una de ellas elaboró un programa político, en gran medida coincidente, exclusión de los Borbones, libertades y derechos individuales, libertad de imprente, de cultos, de enseñanza y reunión, de asociación y trabajo, abolición de las quintes, separación de Iglesia y Estado, supresión de los consumos”, d, contribución directa y única, descentralización, sufragio universal , juicios con jurado y convocatoria de Cortes Constituyentes. Fue la Junta de Madrid, presidida por Madoz y que se arrogó la condición de Superior la encargada de nombrar al General Serrano Presidente de un gobierno provisional que pusiera las bases de tan ambiciosas reformas.
Durante unos meses coexistieron el poder el gobierno provisional y el de las juntas provinciales, para evitar esta dualidad de poderes Serrano hizo una serie de concesiones a los demócratas (abolición de la esclavitud, sufragio universal masculino, libertad de prensa y asociación, institución del jurado), que hicieron posible que el 19 de octubre fueran abolidas todas las Juntas y reconocidas el día 26 todas las libertades en el Manifiesto a la Nación que declaraba “Desde hoy el Pueblo español es responsable porque es libre”.
El nuevo régimen se empeñó en la tarea de elaborar una constitución que recogiera las trazas del nuevo régimen. La tarea quedó encomendada a una comisión constitucional presidada por Olózaga que presentó el proyecto a las cortes el 30 de marzo de 1869. Tanto en las cortes como en la comisión se hicieron notar las tres sensibilidades que coexistían en el régimen surgido de la revolución del 68, los progresistas, los unionistas y los republicanos. En la discusión del proyecto dos asuntos centraron el debate, la forma de gobierno y la cuestión religiosa, puesto que el reconocimiento de libertades formaba parte del mismo proceso revolucionario y quedó fuera de toda discusión. Por otro lado la discusión entre Monarquía y República llevaba aparejada especialmente para los republicanos la de sostener una modalidad unitaria o federal. La Constitución fue promulgada el primero de junio reconociendo que España era una monarquía pero que, descartada la vuelta de Isabel II, carecía de rey. Prim se encargó de buscar un rey “democrático” por las cancillerías europeas, mientras Cánovas del Castillo, formó un grupo de adictos a los Borbones que reclamara la corona para Alfonso, el hijo de Isabel II. La decisión de mantener la monarquía disgustó a buena parte de los elementos populares que habían apoyado la revolución, los cuales, animados por la propaganda republicana llevaron a cabo una serie de alzamientos y motines al grito de ¡Viva la República Federal!. Estos sucesos agitaron los meses de septiembre y octubre hasta la aprobación de una ley que el 5 de octubre suspendió las garantías constitucionales hasta finales de noviembre en que fue derogada por Prim cuando quedó restablecida la tranquilidad.
La elección del rey ocupó a los políticos españoles durante buena parte de 1870. Cada partido tenía un candidato, los unionistas se inclinaban por el duque de Montpensier, los demócratas y progresistas por Fernando de Coburgo y Prim por Leopoldo de Hohenzollern primero y luego por Espartero y por Amadeo de Saboya duque de Aosta. Tras recabar el consentimiento de las potencias europeas, el rey Amadeo fue elegido el 16 de noviembre de 1870. El 30 de diciembre el rey llegaba a Cartagena y se enteraba de la muerte del General Prim, su principal valedor, que había caído asesinado en la calle del turco.
El rey se encontró con la oposición de la nobleza conservadora, tanto por ser un rey de una dinastía extranjera como por el hecho de serlo de la de Saboya que se había destacado por la ocupación de los territorios Vaticanos y por tanto era declarada enemiga de la Iglesia. El rey no tenía alrededor un partido monárquico que le apoyara y sumaba a esto la hostilidad de los partidarios de los Borbones y la de los republicanos. Los sucesos de 1868 habían permitido al naciente movimiento obrero ganar terreno político y el clima de revueltas sirvió para desarrollarlo hasta el punto de que el gobierno para controlarlo ilegalizó la Internacional en 1871. Por otro lado los Carlistas habían encontrado en la caída de Isabel II la causa para hacer valer sus derechos y habían iniciado una nueva guerra (la tercera) levantándose en las Provincias Vascas, La Rioja y Burgos. La guerra que comenzó en 1872 no finalizó hasta 1876. En ultramar la situación era también compleja, en octubre de 1868 el propietario cubano Carlos Manuel Céspedes lanzó el grito de ¡Viva Cuba Libre! (Grito de Yara) que fue seguido por los lideres independentistas Máximo Gómez y Antonio Maceo y que llevaría a una larga guerra de diez años que contribuía al ambiente de tensión e incertidumbre del gobierno de Amadeo. La situación de hostilidad y falta de apoyos condujo al rey el 11 de febrero de 1873 a renunciar a la corona de España. La renuncia de Amadeo de Saboya llevaron al Congreso y el Senado, constituidos en una sola Asamblea, a proclamar la República el día 12 de febrero de 1873.
La República se presentó como una oportunidad de conciliar los intereses del poder y del pueblo. La naciente república contaba con los apoyos del partido republicano y el de los monárquicos progresistas que habían apoyado a Amadeo. Sin embargo este pacto tuvo una vida corta, a consecuencia fundamentalmente, de las discusiones sobre la fórmula republicana que había de ser adoptada, la unitaria o la federal. Se aprobaron medidas democráticas como la supresión de las quintas o la promulgación de una amplia amnistía y se convocaron unas elecciones a Cortes constituyentes, de las que salieron vencedores los republicanos federales. El 8 de junio de 1873 se declaraba la República Democrática Federal y se elegía como presidente del Ejecutivo al catalán Francisco Pi i Margall. El presidente recién elegido era partidario de construir la federación desde arriba, mientras que los federales radicales pretendía construirla desde abajo, desde la creación de cantones. El proyecto de Pi i Margall fracasó y los radicales se retiraron dando lugar a una revolución cantonal que estalló en todo el país a lo largo del mes de julio. En esta revolución se unían tres aspiraciones, por un lado la regionalista, por otro lado la política y por último la social, esta última animada por la intervención de los movimientos obreros y campesinos.
El 17 de julio Pi i Margall presentó su proyecto de constitución Federal, que creaba 17 estados entre los que se encontraban Cuba y Puerto Rico y siguiendo el modelo estadounidense a estos estados se les reconocían una serie de facultades supremas. El proyecto no se llegó a discutir por la falta de apoyos y el presidente dimitió al día siguiente de la presentación de su proyecto.
Ocupó entonces la presidencia Nicolás Salmerón quien en su breve mandato de mes y medio se ocupó de restablecer militarmente el orden, aumentar los efectivos de la guardia Civil, reprimir las revueltas obreras y el movimiento cantonal. La respuesta de Salmerón era la de los republicanos unitarios, sin embargo, los problemas de conciencia a la hora de firmar penas de muerte le llevaron a la dimisión y a ser sustituidos por Emilio Castelar. El programa del nuevo presidente giró a la derecha, intentando fundamentalmente recuperar el orden y mantener una República posible, para lo que reorganizó el ejército, restableciendo la confianza del mismo, suspendió las garantías constitucionales y ejecutó las penas capitales que no firmó Salmerón. Los rasgos cuasi dictatoriales del gobierno de Castelar llevaron a la oposición radical a plantear una cuestión de confianza a comienzos de enero de 1874. Durante una larga sesión la cámara retiró su confianza a Castelar y este presentó su dimisión en la madrugada del 3 de enero. A las siete y media de la mañana del día cuatro de enero el general Pavía irrumpía en el Congreso con fuerzas de la Guardia Civil y disolvía las cortes.
Con este acto comenzaba la presidencia del general Serrano, empeñado como sus predecesores en el mantenimiento del orden y que mantenía viva la república aunque con formas de dictador. Una serie de emprésitos con la banca extranjera, el restablecimiento de los consumos con carácter extraordinario y un impuesto extraordinario sobre el cereal dieron al gobierno margen financiero suficiente para abordar la guerra contra los carlistas en el norte y poner fin al desorden. Durante el año 1874 se planteó la posibilidad de nombrar a Serrano presidente de la República durante siete años. Mientras tanto los monárquicos reunidos en torno a Canovas del Castillo y el príncipe Alfonso organizaban un plan para reinstaurar a los Borbones. El uno de diciembre de 1874 el príncipe dirigió desde la Academia Militar de Sandhurst un Manifiesto a la Nación, redactado por Cánovas, en que se ofrecía como candidato para restablecer el orden legal y la libertad política sobre las bases de una monarquía hereditaria y representativa. Tras esta declaración los generales Martínez Campos y Jovellar, hartos de aguardar una salida legal, tal y como pretendía Cánovas, se pronunciaron por el príncipe en los alrededores de Sagunto. Cánovas comunicó su proclamación como rey al príncipe Alfonso así como la formación de un ministerio-regencia. El rey entró en Madrid el 14 de enero de 1875.

10.4.- Evolución económica y cambio social . El arranque del movimiento obrero (1833-1875)
La historiografía habla de un “fracaso del liberalismo” al referirse a esta época en la que el sistema político español no consigue alcanzar el grado de desarrollo económico y social de otras naciones europeas. Si nos centramos en el análisis de las causas del desarrollo económico nos encontramos con la rémora que supuso el latifundio, un latifundio que sin embargo era producto de la propia revolución liberal y del modelo de desamortización que acabó por beneficiar a los propietarios.
El reinado de Isabel II supone el triunfo definitivo del liberalismo español y la organización política, social y económica del mismo. La revolución liberal burguesa que había comenzado en Cádiz no culminó hasta 1844, cuando se resuelve el proceso de convertir en propiedad libre la propiedad inmueble del antiguo régimen. Para culminar esta estrategia hubo que desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. El objetivo era fortalecer un mercado libre de la tierra y por otra parte poner remedio a la ruinosa situación de la hacienda estatal. La abolición de los señoríos y por ende su desvinculación comenzó, al menos nominalmente, en Cádiz y concluyó en 1837. La supresión de los mayorazgos, que también estaba insinuada en la constitución gaditana, no se redactaría hasta el Trienio, en 1820, pero su ejecución se retrasó hasta 1841, durante la regencia progresista de Espartero. Por otro lado la desamortización (venta desde el Estado a los particulares de los bienes de propiedad colectiva, eclesiástica como civil) había comenzado ya a finales del siglo XVIII con la venta de los bienes de los Jesuitas en 1767, a la que seguirían la de Godoy en 1798 , la de Cádiz y el Trienio y sobre todo las llevadas a cabo por Mendizabal (1836) y la de Pascual Madoz (1855). El decreto de Mendizabal de 1836 puso en venta todos los bienes del clero regular (conventos y monasterios) y finalizó en 1841, durante la regencia de Espartero con la venta de los bienes de las iglesias (el clero secular). Esta gran desamortización fue completada en 1855 por Pascual Madoz, progresista también, con la Ley de Desamortización General, por la que se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva, afectando a los bienes de las órdenes militares y a los bienes de propios (los que rendían a los concejos alguna renta) de los concejos municipales.
La desamortización ha de ser entendida desde la perspectiva ideológica de un liberalismo que consideraba que la propiedad, el interés individual y el máximo beneficio eran los elementos esenciales del nuevo régimen. Un régimen que abogaba por la liberalización del tráfico económico en un sentido amplio, desde la propia liberalización del mercado sobre la tierra, a la desaparición de los privilegios gremiales y todas las limitaciones y privilegios establecidos sobre las actividades industriales y comerciales.
Entre los años treinta y sesenta del siglo XIX, la economía y la sociedad españolas se transforman sobre estos presupuestos liberales que llevan a una minoría noble terrateniente y a la clase burguesa ilustrada surgida de este proceso a dirigir el proceso y a obtener los máximos beneficios de él. A pesar de la transformación de la propiedad y el nuevo marco socioeconómico, el capitalismo español no creció con la velocidad y la intensidad de otras naciones europeas. La debilidad de los medios financieros y la ausencia de un mercado interior, imposibilitado por los bajos salarios y el endeudamiento de los pequeños propietarios, impidió un crecimiento del consumo que permitiera crecer la economía.
La demografía española de la época se distanció de lo que ocurría en el entorno europeo más próximo. La esperanza de vida al nacer era de 30 años (en los países de nuestro entorno era ya de 40) y la mortalidad infantil mantuvo índices muy elevados. España mantenía un bajo grado de urbanización y una proporción de la población activa dedicada a la agricultura del 66%. .
La revolución liberal amplió las tierras roturadas pasando en los sesenta primeros años del siglo XIX de 10 a 16 millones de hectáreas, lo que permitió prescindir de las importaciones de cereales y mantener un crecimiento de la población que sobrepasó los diez millones de habitantes. Los cereales ocupaban en 1860 el 80% del suelo agrícola español. El otro cultivo que se expandió durante los sesenta primeros años del siglo fue la vid que se convirtió en una de las principales exportaciones españolas. La alimentación campesina mejoró con la difusión del cultivo del maíz y de la patata. La ganadería sufrió notables cambios, pues la quiebra de las exportaciones de lana española por la competencia en los mercados internacionales de las lanas sajonas permitió abolir los privilegios de la Mesta e hizo desaparecer la ganadería trashumante mesteña.
La población campesina se proletarizo, de tal modo que en 1860 la proporción de jornaleros en la población activa agraria era de un 54 % para toda la población española y de un 75% para provincias como Cádiz o Sevilla. Muchos de estos jornaleros acabaron integrando las cifras de la emigración a América.
La industria no pareció ser un problema para la élite política liberal, en opinión de Fontana, que aporta el dato de la ausencia de referencias a la industria en los diarios de sesiones del congreso entre 1834 y 1855. La industrialización española se desarrolló en la periferia, sobre todo en Cataluña, con focos puntuales como Málaga, Sevilla, Valladolid, Bejar o Alcoy.
El fracaso de la industrialización española durante el siglo XIX se ha atribuido a diferentes razones. En primer lugar a la ausencia de un mercado interior importante que sostuviera comercialmente a la industria. En segundo lugar la inversión en la compra de tierras y en deuda pública, que garantizaban una más pronta e importante rentabilidad. Las dificultades técnica y energéticas, que hacían depender a la industria española de la tecnología extranjera y del carbón inglés más barato y de mayor calidad que el español.
La ley de Minas de 1868 cambió la situación minera del país al permitir la creación de sociedades mercantiles con participación extranjera y animó la extracción de piritas de hierro y cobre. El hierro fue el metal más importante de la España del siglo XIX, la invención en 1855 del procedimiento Bessemer para la obtención de acero abrió al hierro de Vizcaya un gran mercado internacional por su bajo contenido en fósforo. Las exportaciones de hierro y acero permitió la creación de las fortunas que sostuvieron el desarrollo económico vasco, tanto en bancos, como en navieras y siderurgia. El plomo se explotaba en el sudeste de España, Andalucía Oriental y Murcia, y el cobre pasó a partir de mitad de siglo de propietarios españoles a las sociedades de inversión y explotación inglesas. En cuanto al carbón, el asturiano, donde estaba la principal cuenca era poco competitivo, hasta el punto que los mismos barcos que exportaban el hierro de las siderurgias vizcaínas importaba el carbón inglés necesario para los altos hornos.
El sistema financiero español estuvo poco desarrollado durante los primeros años del reinado de Isabel II, en buena parte por las dificultades económicas de la Hacienda estatal, en permanente crisis y con una deuda pública muy importante. Durante el Bienio Progresista la nueva Ley de Bancos y Sociedades, facilitó el desarrollo del sector, que sin embargo sufrió con dureza la crisis de 1866-68. En 1856 se creó el Banco de España que sustillo al Banco de San Fernando y en 1868 Figueruela reformó el sistema monetario español sustituyendo el real por la peseta.
La debilidad del sistema financiero español le hizo dependiente de la inversión extranjera que se orientó entre 1855 y 1877 a la construcción del ferrocarril para pasar posteriormente a centrarse en la explotación minera.
Las primeras industrias modernas españolas se establecieron en Andalucía pero el elevado coste del combustible acabó por arruinarlas. A partir de entonces la cercanía de las fuentes energéticas, especialmente la hulla o la facilidad para su transporte definirían las zonas industriales españolas. Los principales focos de industrialización fueron la industria algodonera catalana, animada por la utilización del telar mecánico y la máquina de vapor, así como por un mercado interior protegido por aranceles que la protegían de la competencia inglesa. Por otro lado la siderurgia vasca, que despegaría con mayor fuerza ya en época de la restauración.
La expansión del tendido ferroviario fue un factor clave de modernización como en el resto del mundo. España se sumó tarde al desarrollo del ferrocarril y lo hizo con una dependencia absoluta de la tecnología inglesa y francesa. La ley General de Ferrocarriles animó la construcción y llevó a una expansión vertiginosa de la red que alcanzó en 1866 los 5.145 Kms de vías.
La sociedad de los sesenta primeros años del siglo XIX avanzó desde una estructura estamental y privilegiada, a la de una sociedad liberal burguesa donde en las élites políticas se estableció una alianza entre antiguos señores convertidos ahora en poderosos propietarios latifundistas y las nacientes clases burguesas. En buena medida surgió una amplia clase social de rentistas, fundada sobre las rentas de la tierra y de los bienes inmobiliarios así como de las emisiones de deuda pública que el estado se vio obligado a emitir durante todo el siglo para sufragar sus gastos. Junto a estas clases privilegiadas económica y políticamente, no hemos de olvidar que fueron quienes monopolizaron el sufragio hasta la revolución del 68, surgieron una poco importante clase de medianos propietarios agrícolas y sobre todo una amplísima clase de jornaleros proletarizados sin tierra. En las zonas industriales del país, singularmente en Cataluña, creció el número de trabajadores industriales, una clase proletaria que acogería con esperanza las ideas revolucionarias emanadas de la Internacional.
Los trabajadores industriales catalanes ya habían fundado algunas asociaciones profesionales, de hecho la pujanza de estas asociaciones aconsejó en 1855 a elaborar un proyecto de ley que contribuyera a controlarlas. Sería no obstante, en el sexenio cuando la influencia del pensamiento internacionalista se haría más patente. En 1871 se celebró en Zaragoza un congreso de las asociaciones obreras españolas afiliadas a la Internacional. En ese momento el movimiento obrero sufre fuertes tensiones provocadas por las diferencias entre los partidarios de Marx (socialistas) y los de Bakunin (anarquistas). En el congreso de Zaragoza la mayor parte de los reunidos optaron por la línea anarquista, que gozaría de extraordinaria fuerza en España. La tendencia se acentúo en el congreso de Córdoba de 1872. En 1874 la Comisión federal anarquista ante la represión desatada por el decreto de 3 de enero de 1874 que disolvía todas las organizaciones obreras, preparó su paso a la clandestinidad. La otra tendencia del movimiento obrero, la socialista, era muy limitada en 1874, a penas la sociedad el Arte de Imprimir, convertida en sociedad de resistencia. En mayo de 1874 fue llamado a presidirla Pablo Iglesias. Éste, influido por José Mesa, amigo y tipógrafo como él , y exiliado en Paris, entró en contacto con el dirigente socialista francés Guesde y fue a través de las tácticas y actuaciones del francés que José Mesa narraba por carta a Iglesias, el modo en el que la organización madrileña fue cobrando entidad. En mayo de 1879 Pablo Iglesias y sus compañeros decidieron fundar el Partido Socialista que se vería, con ocasión de la crisis de 1887 a fundar un sindicato de trabajadores, la UGT, en 1888 y a celebrar el I Congreso del PSOE en el mismo año.