La historiografía habla de un “fracaso del liberalismo” al referirse a esta época en la que el sistema político español no consigue alcanzar el grado de desarrollo económico y social de otras naciones europeas. Si nos centramos en el análisis de las causas del desarrollo económico nos encontramos con la rémora que supuso el latifundio, un latifundio que sin embargo era producto de la propia revolución liberal y del modelo de desamortización que acabó por beneficiar a los propietarios.
El reinado de Isabel II supone el triunfo definitivo del liberalismo español y la organización política, social y económica del mismo. La revolución liberal burguesa que había comenzado en Cádiz no culminó hasta 1844, cuando se resuelve el proceso de convertir en propiedad libre la propiedad inmueble del antiguo régimen. Para culminar esta estrategia hubo que desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. El objetivo era fortalecer un mercado libre de la tierra y por otra parte poner remedio a la ruinosa situación de la hacienda estatal. La abolición de los señoríos y por ende su desvinculación comenzó, al menos nominalmente, en Cádiz y concluyó en 1837. La supresión de los mayorazgos, que también estaba insinuada en la constitución gaditana, no se redactaría hasta el Trienio, en 1820, pero su ejecución se retrasó hasta 1841, durante la regencia progresista de Espartero. Por otro lado la desamortización (venta desde el Estado a los particulares de los bienes de propiedad colectiva, eclesiástica como civil) había comenzado ya a finales del siglo XVIII con la venta de los bienes de los Jesuitas en 1767, a la que seguirían la de Godoy en 1798 , la de Cádiz y el Trienio y sobre todo las llevadas a cabo por Mendizabal (1836) y la de Pascual Madoz (1855). El decreto de Mendizabal de 1836 puso en venta todos los bienes del clero regular (conventos y monasterios) y finalizó en 1841, durante la regencia de Espartero con la venta de los bienes de las iglesias (el clero secular). Esta gran desamortización fue completada en 1855 por Pascual Madoz, progresista también, con la Ley de Desamortización General, por la que se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva, afectando a los bienes de las órdenes militares y a los bienes de propios (los que rendían a los concejos alguna renta) de los concejos municipales.
La desamortización ha de ser entendida desde la perspectiva ideológica de un liberalismo que consideraba que la propiedad, el interés individual y el máximo beneficio eran los elementos esenciales del nuevo régimen. Un régimen que abogaba por la liberalización del tráfico económico en un sentido amplio, desde la propia liberalización del mercado sobre la tierra, a la desaparición de los privilegios gremiales y todas las limitaciones y privilegios establecidos sobre las actividades industriales y comerciales.
Entre los años treinta y sesenta del siglo XIX, la economía y la sociedad españolas se transforman sobre estos presupuestos liberales que llevan a una minoría noble terrateniente y a la clase burguesa ilustrada surgida de este proceso a dirigir el proceso y a obtener los máximos beneficios de él. A pesar de la transformación de la propiedad y el nuevo marco socioeconómico, el capitalismo español no creció con la velocidad y la intensidad de otras naciones europeas. La debilidad de los medios financieros y la ausencia de un mercado interior, imposibilitado por los bajos salarios y el endeudamiento de los pequeños propietarios, impidió un crecimiento del consumo que permitiera crecer la economía.
La demografía española de la época se distanció de lo que ocurría en el entorno europeo más próximo. La esperanza de vida al nacer era de 30 años (en los países de nuestro entorno era ya de 40) y la mortalidad infantil mantuvo índices muy elevados. España mantenía un bajo grado de urbanización y una proporción de la población activa dedicada a la agricultura del 66%. .
La revolución liberal amplió las tierras roturadas pasando en los sesenta primeros años del siglo XIX de 10 a 16 millones de hectáreas, lo que permitió prescindir de las importaciones de cereales y mantener un crecimiento de la población que sobrepasó los diez millones de habitantes. Los cereales ocupaban en 1860 el 80% del suelo agrícola español. El otro cultivo que se expandió durante los sesenta primeros años del siglo fue la vid que se convirtió en una de las principales exportaciones españolas. La alimentación campesina mejoró con la difusión del cultivo del maíz y de la patata. La ganadería sufrió notables cambios, pues la quiebra de las exportaciones de lana española por la competencia en los mercados internacionales de las lanas sajonas permitió abolir los privilegios de la Mesta e hizo desaparecer la ganadería trashumante mesteña.
La población campesina se proletarizo, de tal modo que en 1860 la proporción de jornaleros en la población activa agraria era de un 54 % para toda la población española y de un 75% para provincias como Cádiz o Sevilla. Muchos de estos jornaleros acabaron integrando las cifras de la emigración a América.
La industria no pareció ser un problema para la élite política liberal, en opinión de Fontana, que aporta el dato de la ausencia de referencias a la industria en los diarios de sesiones del congreso entre 1834 y 1855. La industrialización española se desarrolló en la periferia, sobre todo en Cataluña, con focos puntuales como Málaga, Sevilla, Valladolid, Bejar o Alcoy.
El fracaso de la industrialización española durante el siglo XIX se ha atribuido a diferentes razones. En primer lugar a la ausencia de un mercado interior importante que sostuviera comercialmente a la industria. En segundo lugar la inversión en la compra de tierras y en deuda pública, que garantizaban una más pronta e importante rentabilidad. Las dificultades técnica y energéticas, que hacían depender a la industria española de la tecnología extranjera y del carbón inglés más barato y de mayor calidad que el español.
La ley de Minas de 1868 cambió la situación minera del país al permitir la creación de sociedades mercantiles con participación extranjera y animó la extracción de piritas de hierro y cobre. El hierro fue el metal más importante de la España del siglo XIX, la invención en 1855 del procedimiento Bessemer para la obtención de acero abrió al hierro de Vizcaya un gran mercado internacional por su bajo contenido en fósforo. Las exportaciones de hierro y acero permitió la creación de las fortunas que sostuvieron el desarrollo económico vasco, tanto en bancos, como en navieras y siderurgia. El plomo se explotaba en el sudeste de España, Andalucía Oriental y Murcia, y el cobre pasó a partir de mitad de siglo de propietarios españoles a las sociedades de inversión y explotación inglesas. En cuanto al carbón, el asturiano, donde estaba la principal cuenca era poco competitivo, hasta el punto que los mismos barcos que exportaban el hierro de las siderurgias vizcaínas importaba el carbón inglés necesario para los altos hornos.
El sistema financiero español estuvo poco desarrollado durante los primeros años del reinado de Isabel II, en buena parte por las dificultades económicas de la Hacienda estatal, en permanente crisis y con una deuda pública muy importante. Durante el Bienio Progresista la nueva Ley de Bancos y Sociedades, facilitó el desarrollo del sector, que sin embargo sufrió con dureza la crisis de 1866-68. En 1856 se creó el Banco de España que sustillo al Banco de San Fernando y en 1868 Figueruela reformó el sistema monetario español sustituyendo el real por la peseta.
La debilidad del sistema financiero español le hizo dependiente de la inversión extranjera que se orientó entre 1855 y 1877 a la construcción del ferrocarril para pasar posteriormente a centrarse en la explotación minera.
Las primeras industrias modernas españolas se establecieron en Andalucía pero el elevado coste del combustible acabó por arruinarlas. A partir de entonces la cercanía de las fuentes energéticas, especialmente la hulla o la facilidad para su transporte definirían las zonas industriales españolas. Los principales focos de industrialización fueron la industria algodonera catalana, animada por la utilización del telar mecánico y la máquina de vapor, así como por un mercado interior protegido por aranceles que la protegían de la competencia inglesa. Por otro lado la siderurgia vasca, que despegaría con mayor fuerza ya en época de la restauración.
La expansión del tendido ferroviario fue un factor clave de modernización como en el resto del mundo. España se sumó tarde al desarrollo del ferrocarril y lo hizo con una dependencia absoluta de la tecnología inglesa y francesa. La ley General de Ferrocarriles animó la construcción y llevó a una expansión vertiginosa de la red que alcanzó en 1866 los 5.145 Kms de vías.
La sociedad de los sesenta primeros años del siglo XIX avanzó desde una estructura estamental y privilegiada, a la de una sociedad liberal burguesa donde en las élites políticas se estableció una alianza entre antiguos señores convertidos ahora en poderosos propietarios latifundistas y las nacientes clases burguesas. En buena medida surgió una amplia clase social de rentistas, fundada sobre las rentas de la tierra y de los bienes inmobiliarios así como de las emisiones de deuda pública que el estado se vio obligado a emitir durante todo el siglo para sufragar sus gastos. Junto a estas clases privilegiadas económica y políticamente, no hemos de olvidar que fueron quienes monopolizaron el sufragio hasta la revolución del 68, surgieron una poco importante clase de medianos propietarios agrícolas y sobre todo una amplísima clase de jornaleros proletarizados sin tierra. En las zonas industriales del país, singularmente en Cataluña, creció el número de trabajadores industriales, una clase proletaria que acogería con esperanza las ideas revolucionarias emanadas de la Internacional.
Los trabajadores industriales catalanes ya habían fundado algunas asociaciones profesionales, de hecho la pujanza de estas asociaciones aconsejó en 1855 a elaborar un proyecto de ley que contribuyera a controlarlas. Sería no obstante, en el sexenio cuando la influencia del pensamiento internacionalista se haría más patente. En 1871 se celebró en Zaragoza un congreso de las asociaciones obreras españolas afiliadas a la Internacional. En ese momento el movimiento obrero sufre fuertes tensiones provocadas por las diferencias entre los partidarios de Marx (socialistas) y los de Bakunin (anarquistas). En el congreso de Zaragoza la mayor parte de los reunidos optaron por la línea anarquista, que gozaría de extraordinaria fuerza en España. La tendencia se acentúo en el congreso de Córdoba de 1872. En 1874 la Comisión federal anarquista ante la represión desatada por el decreto de 3 de enero de 1874 que disolvía todas las organizaciones obreras, preparó su paso a la clandestinidad. La otra tendencia del movimiento obrero, la socialista, era muy limitada en 1874, a penas la sociedad el Arte de Imprimir, convertida en sociedad de resistencia. En mayo de 1874 fue llamado a presidirla Pablo Iglesias. Éste, influido por José Mesa, amigo y tipógrafo como él , y exiliado en Paris, entró en contacto con el dirigente socialista francés Guesde y fue a través de las tácticas y actuaciones del francés que José Mesa narraba por carta a Iglesias, el modo en el que la organización madrileña fue cobrando entidad. En mayo de 1879 Pablo Iglesias y sus compañeros decidieron fundar el Partido Socialista que se vería, con ocasión de la crisis de 1887 a fundar un sindicato de trabajadores, la UGT, en 1888 y a celebrar el I Congreso del PSOE en el mismo año.